Caso Reparos

María Farnés: “El caso Reparos se sigue investigando; implica unos 50 millones de euros”

La fiscal jefa provincial descarta que las declaraciones del exconcejal Javier Abreu desvíen el foco sobre un asunto que conlleva “unos 50 millones de euros, otorgados sin concesión administrativa”

La nueva fiscal jefe provincial tinerfeña, María Farnés Martínez, en pleno juicio. DA

La fiscal jefa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, recordó ayer que “el caso Reparos se sigue investigando tal cual; no hay ningún giro por las declaraciones de Javier Abreu”, a la par que aclaró que, como no podía ser de otra manera, el foco de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna sigue estando puesto en un tema que “implica mucho dinero público otorgado sin concesión administrativa”. A preguntas de la entrevistadora, la fiscal especificó que se trata de “unos 50 millones de euros, durante mucho tiempo”, en una exclusiva lograda por Buenas Tardes Canarias, un programa de la Televisión Canaria.

Se trata de la segunda entrega de una entrevista especialmente valorada, por cuanto la presencia de Farnés Martínez en los medios de comunicación no es, precisamente, habitual.

Con afán pedagógico, la fiscal detalló que la del caso Reparos, en el que los principales investigados son los exalcaldes coalicioneros de la Ciudad de Los Adelantados Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, “no es una investigación que vaya para tan largo, al menos no tanto como la del caso Las Teresitas. Se trata de una investigación sobre expedientes administrativos donde hay reparos, donde hay dos piezas. Una pieza que afecta a personas que no están aforadas [en alusión a Díaz y a una serie de exediles y técnicos que firmaron alguno de los levantamientos de reparos] y otra que afecta a una persona que sí está aforada [en referencia a Clavijo, hoy senador autonómico]”.

Fue entonces cuando la entrevistadora preguntó por el giro dado al caso Reparos por las declaraciones de Javier Abreu, lo que de inmediato negó la servidora pública: “Es que el caso Reparos no ha dado ningún giro por Javier Abreu. El caso Reparos se sigue investigando tal cual. ¿Qué pasa con las declaraciones de Javier Abreu? Puso de relieve allí, ante el Ministerio Fiscal y la jueza instructora, indicios de un delito de obstrucción a la Justicia, como es coaccionar a una persona cuando va a prestar declaración. Esto, el Ministerio Fiscal tiene que investigarlo, como hace con el caso Reparos”.

Tras recordar la periodista que este asunto versa sobre una serie de contrataciones administrativas a las que el interventor municipal elevó reparos al entender que eran ilegales, Farnés Martínez añadió el dato sobre la enjundia económica del asunto, con esa referencia a que son “unos 50 y tantos millones durante mucho tiempo. Hay indicios delictivos que deben ser investigados. Ya se verá si aquello que resulta grotesco o tan arbitrario merece la intervención del Derecho Penal o simplemente se trata de una cuestión de Derecho Administrativo”, aclaró.

Por si fueran pocos los datos aportados a la enjundia de este caso Reparos, que los especialistas consultados por este periódico siempre alertaron de que tenía mucha más base jurídica que el caso Grúas, la fiscal jefa reconoció que se trata “de uno de esos casos por los que me mantengo al frente de la Fiscalía Anticorrupción provincial hasta que se termine”.

Como resultaba inevitable, hubo varias preguntas sobre el caso Las Teresitas, que María Farnés Martínez reconoció como un caso especial “que fue mi vida profesional desde que llegue aquí”. A este respecto, recordó con orgullo que “el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no apreciaron dilaciones indebidas” pese al tiempo que se prolongó la instrucción, y que “nosotros pedimos penas menores de las que finalmente se impusieron”.

“No me esperaba un archivo tan rápido del caso Grúas”

La fiscal jefa provincial, María Farnés Martínez, reconoce, al ser preguntada si se esperaba un archivo tan rápido del caso Grúas, que “personalmente, no. De hecho, la Fiscalía mantenía una postura distinta, pero el Tribunal Supremo se ha pronunciado y, seguramente, tiene una explicación jurídica, pero tiene la última palabra”.