El cierre de toda actividad económica no esencial decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo derivó en un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres prostituidas que, tras la clausura de los prostíbulos, acabaron en la calle o en pisos que escapan al control de las autoridades. Y, coincidiendo también en el tiempo con la pandemia, abría en Canarias el primer recurso alojativo dirigido a ayudar a estas mujeres a huir de la violencia sexual que supone la prostitución.
La apertura de este piso para mujeres que desean salir del sistema prostitucional es un hito histórico pues, si bien la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género reconoce que las mujeres prostituidas son víctimas de la violencia machista, hasta este año, ninguna administración pública había puesto en marcha en Canarias un recurso alojativo específico para tal fin.
Ahora, esta vivienda integrada en la red de recursos contra la violencia de género del Cabildo de Tenerife y gestionada por la Fundación Cruz Blanca perseguirá el objetivo de ayudar a las mujeres a que puedan seguir con sus vidas sin ser explotadas sexualmente, además de guiarlas en su integración social y laboral.
El proceso para ofrecer el recurso a quienes lo necesitan comienza con un primer contacto en la calle. Tania García Simón, coordinadora del piso e integrante de Cruz Blanca, explica que a través del Proyecto O’Cambalache, se realizan rutas nocturnas en aquellas zonas en las que es habitual encontrar a mujeres en situación de prostitución o a víctimas de trata.
En la detección de casos también trabajan otras organizaciones como Médicos del Mundo, los ayuntamientos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como los trabajadoras sociales de atención primaria.
García Simón relata que después de analizar cada caso y de valorar si la mujer que desea salir de la prostitución no tiene otro medio de subsistencia, se le ofrece el recurso: “A su llegada, se le da la bienvenida y se garantiza la cobertura de necesidades básicas como la vivienda, la higiene y la alimentación”.
En el caso concreto de las víctimas de trata, Elena Pineda, integrante también de Cruz Blanca, explica que se les ayuda a salir de la red y romper todo contacto con esta, lo que supone “ofrecerles una nueva vida en la que no sean esclavas”.
Para conseguir este objetivo, y dado que la gran parte de las mujeres en situación de prostitución tienen otra nacionalidad, en el piso se solventan las barreras idiomáticas y a través de una abogada se trata de regularizar su situación. “La idea es que logren ser independientes, por eso, primero se las ayuda en la regularización de su situación y luego en la búsqueda activa de empleo”, especifica Pineda.
ACOMPAÑAMIENTO
El equipo profesional de carácter multidisciplinar que atiende a las mujeres que se alojan en el piso está compuesto por dos educadoras sociales, cuatro auxiliares de servicio con formación en pedagogía y psicología, a la vez que en integración social, una trabajadora social y una abogada.
Asimismo, el sistema de trabajo se establece por turnos de 24 horas, por lo que el servicio queda plenamente cubierto durante todo el día y se garantiza la seguridad de las usuarias.
PIONERO EN ESPAÑA
Este es el único piso de financiación pública y dirigido a mujeres que han estado en situación de prostitución habilitado de Canarias y uno de los pocos de España, existiendo como antecedentes los ubicados en Córdoba y Algeciras gestionados también por Cruz Blanca.
Respecto a sus características, el recurso alojativo se sitúa en la zona sur de la isla de Tenerife y tiene cuatro habitaciones, una de ellas declarada habitación ‘COVID’. Las otras tres son para que se alojen las usuarias. También hay dos baños, uno destinado, por protocolo, al uso ‘COVID’, un despacho técnico, una sala de estar, la cocina, una solana y un trastero.
El inmueble tiene capacidad para seis mujeres y una dinámica de funcionamiento que viene marcada por unos horarios establecidos para comenzar temprano realizando las actividades básicas de la vida diaria, que se complementan con las de orientación laboral y psicológica.
Tras el almuerzo, las usuarias dedican el tiempo libre a actividades de intervención socioeducativas, algo que también tiene lugar los fines de semana, aunque los sábados y domingos están más enfocados al ocio, las acciones de tiempo libre saludable, dinamización y crecimiento y enriquecimiento personal.
Para ello, el equipo que se ocupa de la gestión de este recurso diseña una programación en la que también se contempla la integración sociolaboral. El personal de Cruz Blanca les enseña a elaborar un CV y les da reseñas de empresas o cursos que puedan realizar a través del Inem, organismo con el que las ponen en contacto.
FRANQUET: “LA COVID AGRAVA LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES PROSTITUIDAS”
La consejera insular de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y presidenta del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria Marián Franquet, apunta que “este piso llega en un momento clave para las mujeres prostituidas, cuya situación se ha agravado durante la pandemia”.
Franquet explicó que se trata del primer recurso, gestionado por una administración pública, para mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata que se incluye en la red de violencia de género del Gobierno de Canarias.
“Con su apertura hemos dado un paso importante, porque a pesar de que la prostitución está reconocida en la Ley como una forma de violencia de género, las administraciones no habían puesto los recursos necesarios a disposición de estas mujeres”.
Asimismo, la consejera reconoció el trabajo de ONGs como la Fundación Cruz Blanca: “Son las únicas que han estado trabajando desde hace tiempo con mujeres prostituidas”.
EN EXTREMA POBREZA
Esther Torrado, profesora del departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna y experta en estudios feministas y violencia sexual, asegura que tras el cierre de los prostíbulos durante el confinamiento, gran parte de los proxenetas optaron por trasladar la actividad a los pisos, donde pasan desapercibidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y someten a las mujeres a una situación de “alta vulnerabilidad” y “miedo”.
Además, Torrado cuenta que otros proxenetas también han incrementado la “deuda” de estas mujeres o las han echado a la calle, dejándolas en una situación de pobreza extrema.
Y es que, desde que en 2003 se estableciera la Red de Atención a Víctimas de Violencia Machista, Torrado explica que se han atendido a mujeres en situación de prostitución que hayan sido maltratadas por parte de sus parejas, exparejas, demandantes o mal llamados clientes, pero no recursos específicos como este piso: “Históricamente ha habido una falta de políticas públicas”.
Con todo esto, la socióloga valora como “una medida pionera” y “una gran noticia” el hecho de que una Administración Pública como el Cabildo asuma con la apertura de este piso que la prostitución es parte de la violencia machista. No obstante, añadió que, con la “gran vulnerabilidad evidenciada durante la pandemia, un solo recurso será insuficiente”.
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