El Parlamento canario respaldó ayer que se reconozca a los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo y agentes de la autoridad en una iniciativa de Vox que ha contado con el rechazo de PSOE y NC-BC, que han argumentado su oposición a “blanquear” la ultraderecha.
La propuesta se incluye en una proposición no de ley que ha defendido la diputada de Vox Paula Jover, quien sostuvo que los funcionarios de prisiones componen un colectivo “olvidado e invisibilizado” con datos “que ponen los pelos de punta” en relación con sus condiciones de trabajo por inseguridad y falta de medios materiales.
En Canarias, hay unos 1.500 empleados en los centros penitenciarios, con una plantilla envejecida e insuficiente, pues solo el 3% tiene menos de 30 años y solo se ha podido reponer una de cada tres plazas, por lo que actualmente hay cien sin cubrir, añadió Jover.
Rechazo
Todos los grupos apoyaron esta iniciativa, excepto Nueva Canarias y el PSOE, cuyo diputado Gustavo Matos consideró “sorprendente” que la “ultradererecha” presente esta propuesta, pues, a su juicio, Vox “aboga claramente por aumentar la población penitenciaria de este país”.
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