El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna desestimó en días pasados la pretensión del hoy senador autonómico Fernando Clavijo de que se archive la causa conocida como caso Reparos por la que está imputado en relación con hechos acaecidos cuando era alcalde de la Ciudad de Los Adelantados.
En concreto, tanto Clavijo como otros (entre ellos, el también exalcalde coalicionero José Alberto Díaz), firmaron decretos por los que se levantaron reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención Municipal cuyo objetivo era dar continuidad a una serie de contrataciones municipales que no podían ser prorrogadas al haberse terminado los plazos previstos para ello, conculcando así -según los órganos de control previstos- la normativa vigente respecto a los contratos públicos, con el consiguiente perjuicio para las arcas del Ayuntamiento ante la falta de una libre concurrencia que actualice el coste de los servicios, además de vulnerar los derechos de la posible competencia de los beneficiarios.
Respecto a la pretensión de sobreseimiento realizada por Clavijo, se basaba en la expiración del plazo legal de seis meses para llevar a cabo la instrucción respecto a la segunda denuncia (o ampliación de la primera) presentada por el también edil lagunero Santiago Pérez, y en la cual se recogen hasta 46 de los decretos firmados con Clavijo en los que levantaba reparos de dicha índole. Ello, sin contar con los otros 36 que también llevan la rúbrica del también expresidente regional que fueron denunciados el pasado viernes ante la Fiscalía Anticorrupción y que, de momento, no se han incorporado al caso Reparos.
En el auto de desestimación facilitado ayer por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la jueza recuerda que el incumplimiento de dicho plazo “tampoco impone automáticamente el sobreseimiento de la causa, sino que anticipa el análisis de la suficiencia del material acopiado en fase de instrucción”.
Es decir, que habiendo indicios de criminalidad no basta con el mero incumplimiento del plazo de seis meses para el archivo, sino que solo obliga a terminar con la instrucción, o sea, a no practicar más pruebas. Con una salvedad: hay que tomar declaración al investigado (Fernando Clavijo) porque, sencillamente, lo contrario sería vulnerar el derecho a la defensa del mismo, un bien jurídico muy superior al incumplimiento del dichoso plazo.
En todo caso, hay que aclarar que, respecto a la primera denuncia, se incluyen tres decretos de Clavijo, y cada uno de ellos tiene la entidad jurídica suficiente como para ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación. Y, en todo caso, lo que caduca es la instrucción, no los posibles delitos cometidos en el resto de decretos que, si no son incluidos en la pieza separada, el denunciante podría volver a llevarlos al juzgado.
El auto confirma la pieza separada
Este auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha reafirmado la formación de una pieza separada del llamado canso Reparos dado que el hoy senador autonómico Fernando Clavijo ha preferido beneficiarse de sus privilegios como aforado para que sea el Tribunal Supremo quien decida sobre su imputación en el mismo.
Ello implica que la suerte procesal de Clavijo queda separada de la del resto de los investigados, a pesar del intento de varios de ellos (el también exalcalde de CC José Alberto Díaz, Agustín Fernando Hernández Serrano, Aymara Calero Tavío, y Atteneri Falero Alonso) por lo contrario.
“La formación de la pieza separada es necesaria puesto que afecta a una persona aforada, por lo que es adecuado procedimentalmente”, se detalla en el auto en cuestión.
Cabe recordar que, junto a Clavijo, José Alberto Diaz es quien firma la mayoría de los decretos en los que se levantan reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención para dar continuidad a contratos municipales ya vencidos legalmente.
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