Tenerife registra desde el pasado mes un aumento constante de la incidencia de la pandemia acumulada a siete y 14 días, y lo cierto es que los datos ofrecidos ayer por la Consejería de Sanidad son los peores de todo el ciclo. Así, ayer se alcanzó el mayor pico de la pandemia en la Isla con 107,6 casos por 100.000 habitantes en la semana, frente a los 99,6 del día anterior, lo que se repite a 14 días vista al registrar 187,3 casos por cada 100.000 habitantes.
Como es sabido, tan lamentables registros ha provocado la reacción de las autoridades, que han decretado el toque de queda nocturno en Tenerife y no descartan medidas aún más restrictivas, pero también el anuncio del Reino Unido, cuyo Gobierno ha vuelto a incluir a Canarias en la lista de los lugares donde, para viajar, es necesaria una cuarentena.
Sin embargo, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha lamentado la decisión del Gobierno británico, está convencido de que tal decisión se podrá revertir. “Se trata de una mala noticia, por lo que vamos a seguir trabajando por la salud y por la economía para bajar los índices de contagio; estamos en contacto permanente con el embajador del Reino Unido”, añadió el líder socialista.
Pero los frentes abiertos para Canarias no solo son externos, sino también de carácter nacional. Ayer mismo se supo que el Ministerio de Sanidad pretende ignorar la nueva normativa impulsada por el Archipiélago gracias a la cual se permiten los test de antígenos a los turistas. Los planes de dicho departamento, avanzó ayer su titular, Salvador Illa, pasan por admitir otro tipo de test distinto a las PCR, el TMA (Amplificación Mediada por Transcripción, en inglés), pero ni media palabra de las pruebas rápidas de antígenos decretadas por Canarias para la entrada en las Islas. Este conflicto de pareceres, que aún no ha llegado a mayores, hacía ayer temer lo peor, pues desde el Ministerio en Madrid se maneja, por lo visto, un informe jurídico que una fuente bien informada calificó ayer a este periódico como “muy crítico con el decreto canario”.
Torres se enfrenta así a una situación insólita, al tratar de evitar entrar en colisión con el Gobierno central de su mismo partido (PSOE), sin traicionar su determinación de hacer buenas las previsiones de la industria turística, en aras de remontar el cero actual del sector con ayuda de más facilidades de las que ofrecen los requisitos de Madrid a la hora de velar por la seguridad de los viajeros que visitan el Archipiélago.
Este conflicto en ciernes, que no contribuye a despejar el horizonte a los empresarios hoteleros, ya de por sí abatidos por el veto británico, promete añadir dificultades a la actual situación.
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