La Cámara de Representantes votó el 13 de enero iniciar el segundo impeachment al expresidente Trump por incitar a una turba violenta a asaltar el Capitolio de Estados Unidos. Aunque ya han empezado los movimientos procesales, el juicio político en el Senado dará comienzo el 9 de febrero. La votación de la Cámara para imputar a Trump fue la votación más bipartidista en este sentido en la historia, con solo una fracción de los republicanos a favor del juicio. Si Trump es condenado por el Senado, se convertiría en el primer presidente estadounidense en resultar convicto en un juicio político. Pero para que esto suceda, dos tercios de los senadores deben estar a favor, y teniendo en cuenta que solo cinco de ellos votaron a favor de iniciar el proceso, las posibilidades de que tenga éxito son prácticamente inexistentes. Trump, caben muy pocas dudas, volverá a ser absuelto, no por ser inocente, sino porque el jurado de su juicio es tan culpable de la insurrección del 6 de enero como él mismo.
Un juicio político de una semana
Con estas perspectivas, los demócratas se temen una absolución por lo que contemplan un juicio político rápido -podría durar una semana- mientras consideran alternativas como la censura, que podría atraer más apoyo de los republicanos, pero que no tendría el mismo peso.
Los demócratas tampoco quieren perder demasiado tiempo ni distraerse de lo que verdaderamente importa, que es la nueva agenda de Biden, con un proceso largo que terminará en decepción. Biden, quien ya cuenta con una aprobación en las encuestas de entre el 54% y el 63%, tiene una ardua labor por delante para deshacer la desastrosa política de su predecesor, quien nunca llegó a superar el 45% de aprobación de su labor.
Después de que el recuento de 55 a 45 no alcanzara los 67 votos necesarios para condenar a Trump y posiblemente prohibirle ocupar el cargo en el futuro, varios senadores demócratas ya han manifestado que están ansiosos por poner fin a la etapa anterior y dedicarse a legislar sobre los planes para atajar los contagios y el rescate económico que hará frente a la pandemia, leyes para abordar el cambio climático y la confirmación de los puestos del gabinete, entre otras labores que han sido descuidadas en cuatro años de flagrante incompetencia.
Una posible censura
El senador demócrata Tim Kaine de Virginia, quien fuera candidato a la vicepresidencia durante la campaña de Hillary Clinton en 2016, dijo que probablemente presentaría una resolución de censura que serviría como una alternativa a condenar a Trump por el cargo de juicio político. Kaine piensa que su resolución de censura será más fácil de digerir para los republicanos que siguen apoyando a su fallido líder, y -hasta cierto punto- estaría defendiendo una resolución podría sentar las bases para evitar que Trump regrese a la presidencia bajo los términos de la 14ª Enmienda. La sección 3 de la misma, sostiene que ningún funcionario del gobierno puede ocupar un cargo “que, habiendo prestado juramento previamente. . . para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos “. La resolución se haría eco del lenguaje de la enmienda, calificando el ataque al Capitolio como “una insurrección contra la Constitución de los Estados Unidos” y acusando a Trump de haber “brindado ayuda y consuelo”. Sin embargo, el proceso es complicado y podría finalmente terminar en una simple ‘colleja’ que no le impida volver a la política activa. Tampoco está claro si la ‘solución’ de la censura atraiga a más de los cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas en apoyar la imputación. Muchos de los republicanos que aún protegen a Trump, no están dispuesto a admitir el daño causado por el expresidente su pena de perder electores recalcitrantes en estados donde el partido ha perdido su rumbo por completo, como es el caso de Arizona y que han preferido correr un tupido velo sobre la grave insurrección y ataque a la democracia en el que cinco personas perdieron la vida.
La importancia del ‘impeachment’
El intento de los partidarios de Trump de evitar que el Congreso contara los votos del colegio electoral que convertirían a Joe Biden en presidente finalmente fracasó, pero Trump ha sido acusado de incitar la insurrección del 6 de enero de 2021.
El artículo en el que se recoge el cargo contra Trump enviado por la Cámara es corto, pero destaca tres puntos principales, principalmente que el acusado cometió “delitos graves y faltas” al insistir falsamente en que ganó las elecciones; al alentar los disturbios; y haber intentado influir en un funcionario para revertir su derrota, específicamente al secretario de estado de Georgia instándolo a “encontrar” los votos suficientes para anular la victoria de Biden.
Consecuencias del juicio
Trump pasará a la historia como el primer presidente de Estados Unidos en ser imputado dos veces, y consiguió hacerlo, además, en un solo mandato, pero debido a que su mandato terminó el 20 de enero es demasiado tarde para destituirlo de su cargo. Sin embargo, de lo que se trata es de impedir que vuelva a sustentar un puesto federal. Durante el juicio, el demócrata del Senado de mayor rango presidirá y nueve demócratas de la Cámara de Representantes designados por Nancy Pelosi defenderán la condena de Trump.
Un partido que se desintegra
El Partido Republicano está sufriendo una profunda crisis mientras sus miembros tratan de rescatar lo que puedan del legado de su líder anterior, y decidir si les conviene o no seguir jugando con la misma táctica. Algunas de sus figuras más prominentes, en lo que me permito acuñar como conservadores constitucionalistas, han manifestado su deseo de pasar página y alejar a su partido del culto trumpista al acusarlo y condenarlo. Los aliados del expresidente, en cambio, continúan con su mentalidad de secta proclamando su lealtad incondicional en los medios conservadores y en las organizaciones de partidos estatales y locales. También hay algunos que simplemente siguen asustados del poder que Trump aún pueda ejercer en las primarias republicanas o ven posibilidades electorales al adoptar una versión de su enfoque populista-conservador. El mismo Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, se acaba de reunir con Trump en Mar-a-Lago, dejando clara su posición en el partido.
Como resultado, el Partido Republicano he perdido su rumbo y se dirige a un punto en el que podría implosionar. Ahora mismo todos se apuntan con el dedo, y llueven las recriminaciones y los castigos a quienes se han mostrado más moderados, y francamente, se han sentido horrorizados de formar parte de un movimiento cuyos líderes condenan una insurrección y deciden mirar hacia a otro lado para salvar sus traseros políticos. Esta batalla interna, podría terminar en una secesión dentro de las filas conservadoras. Los conservadores constitucionalistas frente a la ultraderecha, en la que empiezan a surgir figuras tan mediocres como el senador Ted Cruz de Texas, o Josh Hawley de Missouri, o las exaltadas Lauren Boehbert, de Colorado, o Marjorie Taylor Green, de Georgia.
Los trumpistas han llegado a plantear la idea de iniciar un nuevo partido político, el “partido de los patriotas”, una versión radical de la mentalidad conservadora, aunque curiosamente ese término había sido acuñado anteriormente, por la extrema izquierda, en cualquier caso, nada sorprendente teniendo en cuenta el nivel cultural de Trump y muchos de sus seguidores. Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido alertas de peligro de terrorismo doméstico, teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país.
Por ahora, el expresidente disfruta de días de sol en su club de Florida -mientras muchos de sus socios se han dado de baja para no tener que encontrarse con la familia Trump-, ya abrió su nueva oficina, a la que tiene derecho, subvencionada por los impuestos pagados por los estadounidenses; la Corte Suprema sobreseyó la causa por la violación a la claúsula de emolumentos que lo acusaban de haberse enriquecido de forma indebida durante su mandato; y el juicio político no irá a ningún lado. Pero todavía tiene una serie de demandas legales por delitos administrativos y penales a los que hacer frente, y la Justicia, aunque tarde, llega.
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