Efe / DA
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anunció ayer la próxima contratación de 101 trabajadores interinos para los servicios de dependencia, para lo que destinará cuatro millones de euros. En la comisión parlamentaria correspondiente, Pérez puso esta próxima contratación de personal temporal como ejemplo de que la Administración “necesita algunas veces personal interino no fijo”, a pesar de que su voluntad es que la estabilidad laboral sea la norma. El consejero adelantó que en la reunión con representantes sindicales y del personal temporal de la Administración, horas después, el Ejecutivo propondría “un proceso selectivo adaptado” que permita la permanencia en la Administración de los temporales, y, en el caso de que no ocurra, buscar fórmulas alternativas. “Lo que no puede hacer el Gobierno de Canarias”, que es lo que le demandan los afectados, es que “mediante una ley se convierta de manera automática a los interinos en fijos, porque la tumbarían los tribunales”, ya que el acceso a la función pública debe realizarse por procesos selectivos de mérito y capacidad, de acuerdo con la Constitución.
Pérez insistió en que el debate “no es político”, puesto que el cuatripartito está de acuerdo en que sean fijos, sino “jurídico” y, por lo tanto, su propuesta se orienta a “facilitar” la conversión de los temporales en fijos en un proceso selectivo.El consejero apuntó que él sería partidario de una especie de “ley de punto final”; es decir, hacer fijos a los temporales una sola vez y que la Administración no vuelva a contratar por la vía de la interinidad. No obstante, precisó que en ocasiones esas contrataciones de interinos es conveniente.
La directora general de Función Pública, Laura Martín, declaró a Efe que en la reunión con el comité de huelga de los empleados públicos interinos y temporales ha habido cordialidad. Sin embargo, incidió en que hay que actuar por la vía legal. Martín detalló que se ha entregado al comité de huelga el informe de los servicios jurídicos que establece que no es posible pasar de temporal a fijo sin ningún tipo de proceso selectivo: “Vamos a sentarnos a negociar cuáles serían las mejores bases para que el mayor número de empleados públicos temporales pudieran obtener la fijeza en su puesto”.
En una comparecencia solicitada por el PP sobre las medidas para garantizar una Administración moderna, ágil y transparente, Julio Pérez indicó que se ha avanzado mucho; en gran parte, por las restricciones sanitarias, que “han obligado a ir más deprisa en la mejora de la administración”, pero admitió que queda mucho recorrido, definido en el Plan Reactiva. Con la pandemia, expuso, “no se han ralentizado procesos, sino que se han identificado las urgencias y se ha acelerado la puesta en marcha de algunos proyectos”. Mencionó el impulso que se ha dado al teletrabajo, con un gasto de 2,6 millones en 2020 y un presupuesto de 4,7 millones en 2021 para equipos e infraestructuras de telecomunicaciones.
“También se ha mejorado”, añadió, “la atención a distancia de la ciudadanía, que cada vez puede resolver más asuntos sin desplazarse, así como la unificación de la sede electrónica y la transparencia, con la publicación de los datos y las agendas de los cargos.
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