Carlos Llarena, que ha ejercido de locutor de radio entre otras tareas, lleva casi dos años de personal de confianza en el grupo de Gobierno, o para ser más exactos, secretario del alcalde de Güímar, Airam Puerta. Pese a que hay muchos que valoran su trabajo, hay algún concejal electo que le tienen entre ceja y ceja. Eso, unido a que ha sacado unas oposiciones a Correos, han hecho pensar a Llarena la posibilidad de dejar su cargo en breve, tal vez en junio, cuando se produzca el traspaso de poderes entre Airam Puerta y Gustavo Pérez, pasando éste a ser el alcalde. Por cierto que Güímar, al pasar de 20.000 habitantes, ya tiene derecho a contratar a siete personas como personal de confianza, en lugar de las dos que tiene ahora. Pero el todavía alcalde, Puerta, no cree que sea un buen momento para ello, eso de contratar a dedo, aunque sea legal y puede aligerar el trabajo de concejales y personal laboral.
¿El Ayuntamiento no cobrará nada?
La Audiencia Provincial, acerca de la sentencia del caso Áridos (enero 2016), en un auto emitido el lunes, señala a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife como beneficiarios de la indemnización que tienen que hacer frente los cuatro areneros condenados por la extracción de áridos. Más de 200 millones de euros, a la espera de que antes de seis meses se vuelva a hacer un peritaje del daño medioambiental causado. Lo curioso es que ese auto se olvida de la indemnización al Ayuntamiento de Güímar. Si recoge que los propietarios de los terrenos aledaños a las canteras solo cobrarán en la medida que acrediten haber sufrido daño o perjuicio concreto derivado de la actividad de las canteras. Precisamente fueron dos agricultores, Segundo Jorge y Francisco Hernández Armas quienes presentaron la denuncia en 2005.
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