Colectivos sociales como la Plataforma 29E y El Pueblo Tiene Hambre denunciaron ayer en la sede de la Diputación del Común de la santacrucera calle de Robayna el aluvión de desahucios a familias precarias que se vienen preparando en Tenerife a manos de fondos buitre.
Junto al propio Rafael Yanes, representantes de ambas plataformas, en compañía de Antonella Aliotti (concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Arona) y afectados por desahucios inminentes en Santa Cruz y Arona, explicaron que, en apenas unas semanas de trabajo, “han aflorado 130 familias afectadas en Arona, Adeje, Granadilla y Santa Cruz, y se prevé muchísimas más en toda Canarias en los próximos meses, y especialmente a partir del 9 de mayo, fecha en la que finaliza la suspensión de desalojos establecida en un Real Decreto promulgado por el Gobierno el pasado diciembre”.
Respecto al perfil de los afectados, los activistas detallaron que se trata de “familias con bajos recursos económicos sin solución habitacional alternativa”. Asimismo, criticaron con dureza que “fondos buitre y entidades financieras similares estén planteando desahucios en los juzgados sin atender, en muchos casos, al Real Decreto vigente, reclamando unas viviendas que compraron a precio de ganga por las que quieren ahora cobrarse su beneficio ante la inacción y el mirar para otro lado de la empresa pública Visocan y el Gobierno de Canarias, implicados directamente en numerosos de los casos afectados en la denuncia”.
Tras obtener el compromiso del diputado del Común de que actuará de oficio “dentro del margen de sus posibilidades”, los portavoces de ambos colectivos apuntaron que la reunión de ayer es “únicamente la primera parada de un largo periplo, que ha de llevar a los colectivos firmantes por otras tantas instituciones y autoridades municipales, insulares, autonómicas, estatales y, si no hay más remedio, también internacionales, en pos de un derecho a la vivienda claramente vulnerado en Canarias”.
Entre las peticiones de esta iniciativa se encuentra desde la investigación de los desahucios ya en marcha, la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas, depurar responsabilidades ante la presunta mala praxis en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y demás, así como acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares, boicot de las administraciones públicas a las entidades que llevan a cabo estos desalojos y subir el IBI a los grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos.
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