Santiago Pérez encara el Senado ante la ‘bomba’ de Blas Acosta

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, reconocía ayer públicamente su pretensión de sustituir a su compañero de filas, Pedro Ramos, del PSOE, como senador, ocupando el escaño por la comunidad autónoma que este último dejó vacante hace escasas fechas por motivos de salud. No obstante, sus aspiraciones pueden verse frustradas por el tajante Código Ético de los socialistas, que hace incompatible el desempeño de un cargo público con la apertura de un juicio oral; una circunstancia que, según previsiones, se cumplirá brevemente, en tanto en cuanto la Fiscalía ya ha solicitado al Juzgado Número 6 de Puerto del Rosario la incoación de dicho procedimiento por unos hechos acaecidos cuando el majorero era concejal del municipio de Pájara.

El artículo 5.2 de la normativa del PSOE referente a lo que en su argot denominan “candidaturas limpias y ejemplares”, recoge que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. Además, el Código Ético también contempla que, en el supuesto en que la persona titular de ese cargo se negara a presentar su renuncia, “será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Así consta en la página web de los socialistas, por lo que todo parece apuntar a que será el actual edil de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, quien ocupe el lugar de Pedro Ramos en la bancada de la Cámara Baja, pues es la única propuesta alternativa de la que se tiene constancia. Una candidatura que fue trasladada por la agrupación del PSOE en Aguere a la Ejecutiva insular y que, posteriormente, la directiva tinerfeña ratificó, quedando pendiente la última palabra del órgano a nivel regional, que lidera Ángel Víctor Torres.

Cabe recordar, frente a las elucubraciones sobre la condición de aforado que adquiriría Pérez si se convierte en senador, que el concejal nivariense no tiene causas judiciales abiertas en su contra, por cuanto no se le está siquiera investigando. De ahí que la tesis de que pretende volver a la política nacional con vistas a eludir unas presuntas responsabilidades judiciales no se sostenga por las imprecisiones ya citadas.