El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, detalló ayer en el Senado los efectos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19 en la comunidad y el repunte migratorio desde enero de 2020. Durante su intervención en la ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, constituida en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, Torres reclamó a los partidos de la Cámara Alta, donde están representados los territorios, que aboguen por una política migratoria “corresponsable y coordinada” entre todas las administraciones españolas y de la Unión Europea.
El mandatario resaltó que, tras un aumento del 756,8% de las personas llegadas por mar a Canarias en 2020 sobre 2019 (de 2.287 se pasó a 23.023), este flujo y su permanencia en el Archipiélago resulta “inasumible” para la comunidad autónoma (26.000 inmigrantes en los últimos 13 meses), una circunstancia que se agrava con el desmantelamiento que ha habido durante la última década de los recursos de acogida existentes desde la crisis de los cayucos en 2006.
El jefe del Ejecutivo canario lanzó un mensaje para que desde España haya un frente común de rechazo al texto inicial que el 23 de septiembre propuso la Comisión Europea para un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Torres censuró que se descargue toda la responsabilidad sobre los países y territorios que son frontera: “No podemos permitir que toda la inmigración que está llegando a Canarias, que es Europa, quede en Canarias. Si es así nos reviraremos, porque somos tan Europa como Madrid, Roma o Berlín”. Recordó que en 2002 hubo un pacto con la mayoría de las fuerzas políticas canarias que fijaba un máximo de 1.500 personas acogidas, una cifra que considera razonable: “Estamos dispuestos a asumirla en estos momentos, pero ahora hay unas 11.000”.
El presidente transmitió que el Plan Canarias, desarrollado desde noviembre por el Ministerio de Migraciones, contempla 7.000 plazas de acogida: “Están disponibles para picos de llegadas, no para tenerlas permanentemente ocupadas”.
Torres ha convocado para el lunes una reunión con los signatarios del Plan Reactiva (5.700 millones de euros hasta 2023) para analizar el impacto del fenómeno migratorio.
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