La comparecencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, sobre el llamado caso NAP, que fue trasladado a la Fiscalía provincial por parte del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) el pasado día 4, formaba parte del orden del día del pleno celebrado ayer en la institución insular. El mismo, hace referencia a un expediente en el que se incluyen supuestas “irregularidades” cometidas en dicha empresa pública durante los gobiernos de Coalición Canaria y por las que, de acuerdo con el también líder de Ciudadanos en las Islas, “CC, entre los años 2005 y 2011, dilapidó más de 12 millones de euros de dinero público en un proyecto que costaba 250.000”.
No obstante, una de las personas que podría haber aportado más detalles ante el Pleno sobre el contexto en que se realizaron las operaciones que ahora se ponen en duda, el portavoz de CC en el Cabildo, Carlos Alonso, quien en aquel tiempo perteneciera al Consejo de Administración del ITER, no asistió a la sesión “por motivos personales”, de acuerdo con su grupo. Fue “el gran ausente” de la jornada, como pusieran de manifiesto PSOE, Cs y Sí Podemos Canarias. En su lugar, tomó la palabra Antolín Bueno, que, en realidad, ni siquiera milita en Coalición, sino en el PNC, partido que concurrió conjuntamente con CC a las últimas elecciones locales.
Arriaga, que ya había comparecido ante los medios el pasado día 11, cuando dio a conocer que el expediente del caso NAP se encontraba en manos del Ministerio Fiscal, aportó más detalles acerca de la supuesta trama en el marco de la sesión de ayer. En este sentido, hizo un repaso cronológico por los hechos, destacando que en 2005 el ITER y una multinacional con sede en Miami “suscriben un acuerdo para implantar un punto de acceso a la red (NAP) que conecte Tenerife con Internet a través de un cable submarino”. Con posterioridad, en abril de 2006, se constituyó una sociedad llamada Napwaci S.A., que tendría por objeto “implantar y explotar” el NAP en la Isla; una compañía de la que el Cabildo adquirió acciones “aportando un millón de euros”.
“Casualmente, el mismo día de su constitución, Napwaci y Terramark -la multinacional- suscriben un contrato de servicios” para instalar el NAP “por un importe de 3,2 millones de euros”; cantidad que debía aportar la empresa recientemente formada. Más adelante, en 2007, tuvo lugar el segundo movimiento que ahora se investiga: la compra por parte de Napwaci de un terreno en la zona de Geneto (La Laguna) por “nueve millones de euros”, adquisición que el vicepresidente remarca, dado que el solar seleccionado se sitúa “a cinco kilómetros de la costa”, cuando su objetivo era conectar con un cable submarino.
Entre 2007 y 2010, apuntó, “Napwaci tiene múltiples compromisos de pago”, y al no poder asumirlos, el Cabildo “vuelve a acudir al rescate y decide realizar diversos préstamos desde el ITER”, alcanzando otros cuatro millones de euros. A ese préstamo, de acuerdo con el vicepresidente, le sucedieron otros tantos, refinanciando además las deudas de la empresa. A final de 2011, “Napwaci cierra el año en causa de disolución, puesto que sus pérdidas superan los seis millones”, ante lo que “CC aporta otra brillante solución”, ironizó, “comprando los maravillosos terrenos de Geneto” por cerca de seis millones, empleando para ello otra compañía pública, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT).
Así, Enrique Arriaga enumeró las presuntas irregularidades detectadas, suponiendo grandes cantidades de dinero invertido en una propuesta de la que, concretamente a través de Napwaci, dijo no haber visto retorno. De igual manera, incidió en el hecho de que el Cabildo firmara en 2011 “un compromiso de compra con Napwaci” del proyecto que en su día se encargó a la compañía americana por tres millones de euros. Una propuesta que, a juicio de Arriaga, no era necesario adquirir, dado que en 2009 el ITER había contratado a una empresa de ingeniería que desarrolló ese proyecto por 250.000 euros.
Antolín Bueno, por su parte, se limitó a enfatizar en la naturaleza y ambición del proyecto original, y aseguró lamentar que se estuviera debatiendo en Pleno. “Es muy triste que este consejero, con el apoyo del presidente, esté tratando así este asunto”. Es más, acusó a Arriaga de llevar a cabo una “caza personal” contra Carlos Alonso. Además, defendió que se escogiera a Terramark para llegar a acuerdos, ya que “era la que conocía el negocio mundial” de las infraestructuras de telecomunicaciones.
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