crisis migratoria

Canarias reclama a Madrid un reparto de menores “obligatorio” entre comunidades

El presidente Torres y la consejera Santana participan en el Foro Canario de Inmigración y negocian con el Estado un cambio en las políticas
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, junto al presidente Ángel Víctor Torres, en la reunión del Foro Canario de Inmigración. Acfi
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, junto al presidente Ángel Víctor Torres, en la reunión del Foro Canario de Inmigración. Acfi
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, junto al presidente Ángel Víctor Torres, en la reunión del Foro Canario de Inmigración. Acfi

Diario de Avisos / agencias

Canarias quiere que el Estado legisle para que el reparto de menores que llegan a Canarias no se organice en función de la buena o mala voluntad de cada una de las comunidades autónomas, sino que sea fruto de una corresponsabilidad “obligatoria”. Así lo explicó ayer la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que participó, junto al presidente Ángel Víctor Torres, en una reunión del Foro Canario de Inmigración, el órgano de participación, asesoramiento y consulta en materia migratoria del Gobierno autónomo, donde están presentes representantes institucionales y sociales de ámbito europeo, español y canario. A la reunión asistieron también el presidente de la Comisión Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar; la representante de Acnur en España, Sophie Muller, y la directora General de Derechos Sociales e Inclusión y Acción Humanitaria del Gobierno central, Maite Pacheco.

Durante la rueda de prensa, Santana explicó que Euskadi, Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla comparten con Canarias la necesidad de que la distribución de menores migrantes no esté al albur de las decisiones de cada comunidad, sino que se fije con un sistema que implique obligatoriamente a todos. Actualmente, hay 2.608 tutelados por la Comunidad Autónoma en 29 recursos de acogida, muchos establecidos a toda prisa este año por la Consejería, pues, recordó Santana, la mayoría de los que se utilizaron en la crisis de los cayucos fueron abandonados por los gobiernos autónomos anteriores. Por ahora, han salido para la Península 32 menores: 10 a Castilla y León, 14 a Extremadura y 8 a Navarra. Estas tres comunidades han ofrecido más plazas, además de Cantabria, que ofrece 20, Valencia (18), Cataluña (43), Asturias (16) y Galicia (20).

Santana también explicó que el Ejecutivo canario trabaja con el central para que puedan estar presentes ONG especializadas en protección a la infancia en el momento de las llegadas de los cayucos, para así mejorar la filiación y evitar situaciones como la actual, donde el Gobierno considera que hay dudas sobre la edad de unos 500 migrantes que se declararon menores al llegar y están actualmente en recursos de la comunidad a la espera de las pruebas médicas que determinen su edad. También reconocen que puede haber casos de menores que están en alguno de los campamentos para mayores instalados en las Islas.

En la declaración institucional del Foro, que se presentará en el Parlamento canario, se afirma que “Canarias está dispuesta a aceptar un porcentaje de acogida razonable, pero necesitamos ayuda del Estado y de la UE, porque no podemos asumir en solitario el fenómeno migratorio” y no queremos “vivir en una crisis humanitaria permanente”. Asimismo, se afirma que, “dada la compleja realidad migratoria, se requiere de fondos específicos y creíbles para poder dar una acogida digna a las personas que llegan a nuestras fronteras”.

Además, Santana anunció ayer que se está comenzado a diseñar un nuevo Plan Canario de Inmigración, pues el último es de 2008. Según la Consejería de Derechos Sociales, Vicente Zapata, profesor de la ULL, será el encargado de coordinarlo.

A la consejera también le preguntaron sobre infiltraciones yihadistas tras la publicación de un artículo en Canarias 7 donde se informaba sobre mensajes de texto y vídeos de supuesto contenido yihadista entre menores tutelados en un centro de Las Palmas de Gran Canaria. “Es una cuestión que siempre nos ha preocupado y, por eso, desde hace mucho tiempo se está trabajando de manera coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno”, afirmó la consejera. En la Cadena Cope, el delegado de Gobierno explicó que “siempre” se ha estado atento a esa cuestión, pues son personas que “llegan indocumentadas, se intenta tener máxima información sobre cada uno” y “se hace un seguimiento, también con la evolución aquí”.

Críticas del PP

La presidenta del PP canario, Australia Navarro, acusó al Gobierno autonómico de mantenerse impasible ante la inmigración irregular y limitarse a declaraciones de buenas intenciones, a la vista de las conclusiones del Foro Canario de Inmigración. “Mientras no exista una política clara y eficiente en materia de inmigración, y mientras el Gobierno de Canarias limite su acción frente al Ejecutivo de Sánchez a realizar una declaración de buenas intenciones, será muy complicado” solucionar el problema, según Navarro.

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