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Ignorancias y contradicciones

En los análisis y comentarios sobre la calidad –baja- de la democracia española no pueden faltar las listas abiertas: políticos, periodistas y tertulianos varios las reivindican como imprescindibles en una democracia auténtica. El problema surge cuando descubrimos que los que así se manifiestan no saben lo que son tales listas; las confunden con las candidaturas de circunscripciones uninominales, al modo británico, o simplemente desconocen que nuestros senadores de origen provincial e insular son elegidos en listas abiertas, sin que se aprecien diferencias en los resultados obtenidos respecto a los diputados, que son elegidos en listas cerradas y bloqueadas.

Lo que parece que se reivindica es una relación directa entre los electores y los elegidos, entre los representados y los representantes, eliminando o atenuando la intermediación de los partidos políticos, eliminando o atenuando lo que la doctrina italiana llama “partidocracia”, el secuestro de la voluntad popular por los partidos. Un secuestro que en España es particularmente intenso porque los partidos españoles de la izquierda y de la derecha siguen el modelo leninista: son autocracias cesaristas en donde la voluntad del líder que alcanza el poder en su seno es la voluntad del partido, en donde los discrepantes o se someten con un acto de contrición o son empujados a abandonar el partido e incluso a abandonar la política.

Ahora bien, cuando se trata de enjuiciar coyunturas políticas como la reciente moción de censura en Murcia, los mismos que hace nada predicaban las virtudes de las listas abiertas y la perversa dominación de los partidos sobre sus parlamentarios denuncian los supuestos transfuguismos en que han incurrido los representantes que se apartan de las instrucciones del partido; denuncian que no sean meras marionetas movidas por los hilos de la dirección y tengan criterio, y los acusan de haber sido comprados por cargos o por dinero. Olvidan que, en todo caso, los tránsfugas serían los que censuran a un Gobierno al que apoyaban y en el que participaban hasta el momento de presentar la moción de censura. Y olvidan que el Tribunal Constitucional ha sentenciado en numerosas ocasiones que las actas son de los representantes y no de los partidos, y que las decisiones de una asociación como es un partido no pueden romper el vínculo existente entre representantes y representados, lo que infringiría el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes. En definitiva, nos parece que el mandato constitucional, contenido en su artículo 67.2, de que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo no debería ser negado a los miembros de los Parlamentos regionales.

Los principios anteriores creemos que tienen una aplicación general, pero cuando interviene un partido en proceso de disolución y en fase terminal como es Ciudadanos nos parece que despliegan toda su validez y su eficacia. Ni Inés Arrimadas ni la gente que todavía le rodea tienen la menor legitimidad para impartir instrucciones obligatorias ni para impedir que sus cargos y sus miembros piensen por sí mismos y tomen sus propias decisiones. Y lo que están todavía intentando no hace sino prolongar innecesariamente una agonía que conduce sin remedio a una muerte anunciada.

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