La Administración Biden-Harris anunció esta semana seis acciones iniciales para abordar la epidemia de salud pública por violencia armada que ha venido azotando al país por décadas con el beneplácito de quienes se amparan en el ‘derecho constitucional’ de portar armas, y que recurren a oraciones y plegarias por las decenas de miles de fallecidos cada año en la nación, sin que nadie se atreva a hacer nada. Hasta ahora.
Según la Casa Blanca, los recientes tiroteos masivos de alto perfil en Boulder, Colorado, que se cobraron la vida de 10 personas, y Atlanta, Georgia, que acabaron con otras ocho, incluidas seis mujeres asiático-americanas, subrayaron la implacabilidad de este flagelo.
La violencia armada no solo mata a ciudadanos a un ritmo inconcebible para un país tan desarrollado, sino que deja un legado duradero de trauma en las comunidades. De hecho, las ciudades de todo el país se encuentran en medio de un pico histórico en homicidios, violencia que afecta de manera desproporcionada a los estadounidenses negros y minorías en general. Según la Administración, “el presidente está comprometido a tomar medidas para reducir todas las formas de violencia armada: violencia comunitaria, tiroteos masivos, violencia doméstica y suicidio por arma de fuego”.
Necesidad de una legislación
El presidente Biden está reiterando su petición al Congreso para que apruebe la legislación que reduzca la violencia armada. El mes pasado, una coalición bipartidista en la Cámara aprobó dos proyectos de ley para cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes de armas. El Congreso debería cerrar esas lagunas e ir más allá, incluso aclarando las áreas grises que actualmente permiten que las personas que los tribunales consideren peligrosas posean armas de fuego, prohibiendo las armas de asalto y cargadores de alta capacidad, derogando la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas e invirtiendo en intervenciones de violencia comunitaria basadas en evidencias. Según la casa Blanca, el Congreso también debería aprobar una ley nacional apropiada de bandera roja, así como una legislación que incentive a los estados a aprobar sus propias leyes en este aspecto.
El toro por los cuernos
Pese a que lo ideal es conseguir aprobar legislación permanente para lidiar con el problema, el presidente Biden no es de los que se queda con los brazos cruzados esperando interminables sesiones que en el pasado no han dado frutos. Biden ha decidido no esperar a que el Congreso actúe para tomar cartas en el asunto, plenamente dentro de la autoridad de la Administración y la Segunda Enmienda, para, según la Casa Blanca, “salvar vidas”; por lo que Biden anunció seis acciones iniciales.
Armas fantasmas
El Departamento de Justicia, dentro de un periodo de 30 días, emitirá normativa para ayudar a detener la proliferación de “armas fantasma”. Según comunicó la Casa Blanca, “estamos experimentando un problema creciente: los delincuentes compran kits que contienen casi todos los componentes e instrucciones para terminar un arma de fuego en tan solo 30 minutos y usan estas armas de fuego para cometer delitos. Cuando estas armas de fuego aparecen en la escena del crimen, a menudo no pueden ser rastreadas por la policía debido a la falta de un número de serie”.
Proliferación de armas de fuego
En un plazo de 60 días, el Departamento de Justicia, deberá emitir una regla propuesta para aclarar cuándo un dispositivo comercializado como soporte estabilizador convierte efectivamente una pistola en un rifle de cañón corto sujeto a los requisitos de la Ley Nacional de Armas de Fuego. El presunto pistolero en la tragedia de Boulder, en el estado de Colorado en marzo, habría usado una pistola con un brazo ortopédico, que puede hacer que un arma de fuego sea más estable y precisa sin dejar de ser ocultable.
“Bandera roja”
El Departamento de Justicia tendrá 60 días para publicar la normativa “bandera roja” para los estados de la unión americana. Esta normativa permite a los miembros de la familia o las fuerzas del orden solicitar una orden judicial que prohíba temporalmente a las personas en crisis acceder a armas de fuego si representan un peligro para ellos mismos o para los demás. El presidente instó al Congreso a aprobar una ley nacional apropiada de “bandera roja”, así como una legislación que incentive a los estados a aprobar sus propias leyes siguiendo este modelo. Mientras tanto, la legislación que publicará el Departamento de Justicia facilitará que los estados que quieran adoptar la normativa puedan hacerlo.
violencia comunitaria
El Gobierno está invirtiendo en intervenciones de violencia comunitaria basadas en evidencia. Según la Casa Blanca, las intervenciones de violencia comunitaria son estrategias comprobadas para reducir la violencia armada en las comunidades urbanas a través de herramientas distintas del encarcelamiento. Debido a que las ciudades de todo el país están experimentando un aumento histórico en los homicidios, la Administración Biden-Harris anunció estar tomando una serie de medidas para priorizar la inversión en intervenciones de violencia comunitaria, que incluyen: el American Jobs Plan o Plan de Empleo Americano propone una inversión de 5 mil millones de dólares durante ocho años para apoyar los programas comunitarios de intervención contra la violencia. Una parte clave de las estrategias de intervención de violencia comunitaria es ayudar a conectar a las personas con la capacitación laboral y las oportunidades laborales. Por otra parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. está organizando un seminario web y un conjunto de herramientas para educar a los estados sobre cómo pueden usar Medicaid, un seguro de salud para personas de muy bajos ingresos, para reembolsar ciertos programas contra actos violentos en la comunidad, como las Intervenciones de Violencia en Hospitales. Además, cinco agencias federales están realizando cambios en 26 programas diferentes para dirigir el apoyo vital a los programas de intervención contra la violencia en la comunidad lo más rápido posible.
Tráfico de armas
El Departamento de Justicia emitirá un informe anual sobre el tráfico de armas de fuego. En 2000, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) emitió un informe que resume la información sobre sus investigaciones sobre el tráfico de armas, que es una de las formas en la que estas se desvían al mercado ilegal, donde pueden terminar fácilmente en manos de personas peligrosas. Desde la publicación del informe, los legisladores estatales, locales y federales se han basado en sus datos para frustrar mejor los canales comunes del tráfico de armas de fuego. Pero según la misma Casa Blanca, hay buenas razones para creer que los canales de tráfico de armas de fuego han cambiado desde 2000, por ejemplo, debido al surgimiento de las ventas en línea y la proliferación de “armas fantasma”. El Departamento de Justicia emitirá un informe nuevo y completo sobre el tráfico de armas de fuego y las actualizaciones anuales necesarias para brindar a los legisladores la información que necesitan para ayudar a abordar el tráfico de armas de fuego en la actualidad.
Nueva dirección
El presidente nominará a David Chipman como director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. ATF es la agencia encargada de hacer cumplir las leyes sobre armas, y necesita un director confirmado para llevar a cabo esa labor de forma eficiente, sin embargo, el ATF no ha tenido un director confirmado desde 2015. Chipman sirvió en ATF durante 25 años y ahora trabaja para promover leyes de seguridad de armas.
Oposición
La petición del presidente Biden para que el Senado apruebe proyectos de ley de verificación de antecedentes agresivos y la prohibición de las armas de asalto enfrenta una batalla cuesta arriba, especialmente, con un demócrata clave que ya ha expresado su desaprobación. El senador Joe Manchin, un demócrata moderado de Virginia Occidental, dijo esta semana que no puede apoyar el par de proyectos de ley de verificación de antecedentes respaldados por Biden y que la Cámara ya aprobó.
La aprobación de la legislación sobre control de armas ha sido notoriamente difícil en el Senado, donde se necesitan 60 votos para hacer las cosas siempre y cuando el obstruccionismo legislativo esté vigente. Si bien los progresistas están ejerciendo una tremenda presión sobre los demócratas para que eliminen el obstruccionismo y aprueben grandes reformas con una mayoría simple, esta semana quedó claro que Biden y los 50 miembros del grupo demócrata no están en la misma página sobre la mejor manera de proceder con las armas. Los proyectos de ley de la Cámara amplían las verificaciones de antecedentes de armas federales en todas las ventas de armas de fuego y extienden el período de revisión de verificación de antecedentes de tres días a un mínimo de 10 días hábiles.
El senador Manchin, en cambio, quiere cerrar las lagunas legales de venta de armas comerciales, pero no apoya la verificación de antecedentes a familiares y amigos que regalan o venden armas. “Vengo de una cultura de armas. Y soy un dueño de armas respetuoso de la ley [que] haría lo correcto”, dijo Manchin al explicar su propuesta más “razonable”.
Mientras tanto, los republicanos se apresuraron a señalar las divisiones dentro del Partido Demócrata sobre las armas. “Comparto la oposición de Joe Manchin a la versión aprobada en la Cámara”, dijo el martes el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky.
A pesar de que el coronavirus ha provocado el cierre colegios, clubes nocturnos y salas de conciertos, las muertes por armas de fuego en los Estados Unidos se han disparado significativamente durante la pandemia, según datos rastreados por Gun Violence Archive. En 2020, hubo 19.380 muertes por armas de fuego, sin contar los suicidios, en Estados Unidos, frente a las 15.208 de 2019.
