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¿Lo que nos merecemos?

Pedro Sánchez está demostrando día tras día que es nuestro presidente del Gobierno con menos escrúpulos, más mentiroso y más implacable en el uso de todos los medios para alcanzar el único fin de toda su acción política, que es mantenerse en el poder a cualquier precio, cueste lo que cueste. Y eso significa que […]

Pedro Sánchez está demostrando día tras día que es nuestro presidente del Gobierno con menos escrúpulos, más mentiroso y más implacable en el uso de todos los medios para alcanzar el único fin de toda su acción política, que es mantenerse en el poder a cualquier precio, cueste lo que cueste. Y eso significa que todas sus decisiones son estrictamente electoralistas y destinadas a reforzar su imagen pública. Solo a partir de estas evidencias se puede entender que ahora, cuando parece que estamos vacunando a un ritmo medianamente aceptable y consiguiendo que la pandemia no se transforme en incontrolable, mediante limitaciones a la movilidad y prohibiciones que producen resultados muy positivos, se haya negado a prorrogar el estado de alarma. Porque el fin de la alarma significa que las comunidades autónomas han quedado a la intemperie jurídica y legislativa, sin competencias para tomar medidas necesarias para evitar que la situación empeore de nuevo. Y en Canarias estamos aprendiendo mucho de eso.


En todos estos meses, además, habría que haber tomado medidas legislativas para regular mejor y más eficientemente la situación extraordinaria que vivimos. Nuestros constituyentes no llegaron a imaginar que sucediera algo así, y el estado de alarma que diseñaron adolece de algunas deficiencias que lastran la lucha contra la pandemia. Y lo mismo podríamos decir de las leyes orgánicas que desarrollan la regulación constitucional de la alarma o regulan la adopción de medidas especiales en materia de salud pública. En este último caso, incluso, el Consejo de Estado se ha pronunciado en ese sentido en un dictamen solicitado por el Ejecutivo. Y no hubiera sido difícil producir esas normas tan necesarias para un Gobierno que está actuando a golpe de Decreto-Ley: ya ha alumbrado casi cincuenta, lo que convierte a Pedro Sánchez en el presidente que, con diferencia, más ha recurrido a ese instrumento, reservado por la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Gobernar por decreto se llama la figura, de dudosa reputación democrática, por cierto.


La decisión de Sánchez pone en peligro lo conseguido hasta ahora en la lucha contra el virus. Pero, además, ha tenido dos consecuencias muy alarmantes, que cuestionan radicalmente nuestros valores y nuestra madurez como sociedad, y, al mismo tiempo, la idoneidad de nuestro sistema judicial y nuestros tribunales. En primer lugar, el fin de la alarma ha sido interpretado por muchos –demasiados- sectores sociales, no siempre necesariamente jóvenes, como el fin de la pandemia. Y ahí están la sucesión de fiestas, botellones y demás insensateces, que nos avergüenzan y nos sonrojan. Por si fuera poco, Sánchez ha obligado al Poder Judicial a gobernar y actuar como Gobierno, lo que constituye una aberración institucional que subvierte nuestro sistema político. Y las resoluciones de los distintos Tribunales Superiores nos han alarmado muy seriamente porque han decidido cosas diferentes y contradictorias en cada comunidad autónoma. Nuestra confianza en la Justicia sufre cuando constatamos que, una vez más, la verdad judicial no se corresponde con la verdad, y el color del cristal varía según el tribunal que lo utiliza. ¿Esto es lo que nos merecemos? ¿Hemos pecado tanto al votar?