Se está preparando el ambiente favorable a la concesión de indultos a los presos del procés. Ayer lo hizo Enric Juliana en su habitual monólogo y hoy continúa creciendo con las expectativas de la próxima reunión, el día 21, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (ACPE), donde se debatirá el informe del relator letón Boris Cislevics, parlamentario socialista que se ha convertido en el baluarte defensor de atemperar las penas impuestas por el Tribunal Supremo, de las que opina que son desproporcionadas. Ahora, curiosamente, el Gobierno se lanza a una campaña de arropamiento europeo, diciendo que su política cuenta con un amplio respaldo internacional. Digo curiosamente porque éste era uno de los principales argumentos al que se acogieron los independentistas para alimentar su causa, con la respuesta europea de todos conocida. Ahora parece ser que las cosas han cambiado y el ejecutivo de Sánchez goza de un mayor apoyo exterior que el que podía disfrutar el Govern de la Generalitat. Mi percepción es que ese reconocimiento internacional no es tan unánime como se declara, y menos aún en lo referente a política exterior, después del feo asunto con Marruecos y el posicionamiento del presidente Biden, cuya llegada al poder era ansiada como una segunda conjunción planetaria. Estas determinaciones aisladas en el seno del Consejo de Estrasburgo, donde siempre han privado las garantías de los Derechos Humanos que actúan como el tribunal local de Schleswig-Holstein, no llegan a tener un eco rotundo en el seno del Parlamento Europeo. Ahora vemos cómo los miembros del Gobierno se recorren estas cancillerías de tercera para tratar de avalar una política que, a todas luces, no goza de la aceptación de la totalidad del pueblo español, exceptuando Cataluña. También la vicepresidenta Carmen Calvo ha mantenido una reunión con Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, otro órgano consultivo del Consejo de Europa, encargado de promover y preservar los valores democráticos. Se está recurriendo a la misma cobertura con la que intentaban los políticos del procés avalar sus pretensiones de autodeterminación. Más bien, se diría que el independentismo le está soplando al oído a Madrid cual es el camino que debe seguir, pero no para amparar sus objetivos finales sino para quedarse en el paso intermedio de los indultos. Aunque Boris Cilevics no lo sepa, los integrantes del parlamento de Bruselas conocen las pretensiones de los partidarios de la secesión, y saben que el logro de lo primero es un escalón importante para alcanzar lo segundo. Se trata de reconocer una agresión para situar a la víctima en el lugar adecuado, a partir de ahí, todo serán excesos y consecuentemente exigencia de reparaciones. Aquí cada cual juega sus peones de la forma que considera conveniente: Sánchez y sus apoyos socialistas en forma de relator letón, por un lado, y el independentismo, por otro. Las intenciones de ambos obedecen a necesidades de subsistencia. El soberanismo necesita de razones que mantengan viva la esperanza de lograr el paraíso soñado entre su electorado, y al presidente del Gobierno, no hace falta explicitar cuáles son sus urgencias porque de todos son conocidas. Ahora toca hacer la gira por comisiones y órganos consultivos de todo pelaje para tratar de organizar una endeble cobertura internacional a las últimas decisiones. Son solo actos de propaganda que no van a hacer variar la sensación de un pueblo bastante harto de ser manipulado. Ya solo falta que salga el doctor Simón a decir que el apoyo internacional es unánime salvo uno o dos casos aislados.
