El Gobierno canario ha estimado este jueves que hay motivos para acudir a Tribunal Constitucional en contra de las normas estatales que regulan las actividades cinematográficas, pero, antes de hacerlo, ha reclamado la reunión urgente de la comisión bilateral Estado-Canarias.
El acuerdo ha sido adoptado en la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, al término de la cual su portavoz, Julio Pérez (PSOE), ha señalado que la decisión se adopta porque el ejecutivo canario cree que esas normas contravienen el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas.
Esta decisión se toma después de que el pleno del Parlamento de Canarias aprobase el lunes pasado por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80 por ciento.
Un informe preceptivo que el Parlamento canario emitió a petición del Senado porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en ese punto el Régimen Económico y Fiscal.
La respuesta negativa del Parlamento de Canarias supone que la tramitación de esa normativa queda de momento paralizada.
Ahora el Gobierno de Canarias ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta (PSOE), la reunión urgente de la comisión bilateral, antes de recurrir al Tribunal Constitucional.
Ha explicado Julio Pérez que el Gobierno canario entiende que la comisión bilateral es el instrumento previsto para dilucidar discrepancias de este tipo.
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