La Mesa del Parlamento de Canarias acordó este jueves, bajo la presidencia de Gustavo Matos, solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre la posible vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española en relación con la aprobación del Real Decreto Ley, sin remisión previa para informe de la Cámara regional, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, modificándose el REF.
Al mismo tiempo, la Mesa solicita al Consultivo que emita su parecer sobre la aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias en relación a los efectos suspensivos de las normas en tramitación ante las Cortes Generales una vez que el Parlamento ha emitido informe preceptivo desfavorable.
La Mesa considera conveniente este dictamen del órgano consultivo –que forma parte de la estructura institucional de la Comunidad Autónoma– para defender el marco constitucional y estatutario y, a su vez, poder tener su criterio técnico sobre una cuestión tan relevante para nuestro régimen fiscal, teniendo en cuenta además que es una situación que “se aplica por primera vez” tras la aprobación del Estatuto de Autonomía.
Por otra parte, la Mesa ha acordado dirigirse al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Hacienda, para expresarle su queja formal en relación a la no remisión, para informe previo del Pleno del Parlamento, de este Real Decreto Ley, tal y como establecen el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.
La Mesa defiende la aplicación de su Estatuto de Autonomía, el informe del Parlamento y se ha dirigido al Ministerio al entender que se infringe ese precepto. “El Parlamento garantizará el debido cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias”, subraya Matos.
Además, recuerda que ya existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación con este asunto, con antecedentes similares en que se han dictado decretos por el Gobierno sin el informe previo por parte del Parlamento de Canarias.
Pr tanto, considera que debe darse un “cumplimiento estricto” del fuero autonómico, del Estatuto de Autonomía y de la Constitución y sin perjuicio de otro tipo de acciones que podrán valorarse más adelante, se adoptan estas decisiones.
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