Canarias acudirá al TC para exigir el cumplimiento del REF y el diferencial fiscal

El Gobierno canario cree que hay motivos para ir al Tribunal Constitucional por una posible vulneración del Régimen Económico y Fiscal de las Islas en las dos normas recientes aprobadas para fijar los topes en las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas en Canarias, tanto en el decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada como en el proyecto de ley sobre fraude discal aprobado en el Congreso el pasado martes. Así lo afirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, que explicó que, antes de presentarse los posibles recursos, han pedido al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado.

Eso da un plazo de nueve meses para presentar los recursos, según regula el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Si no se acudiera a la vía de la Comisión Bilateral, el plazo sería de solo tres meses. El Ejecutivo se hace eco así del informe desfavorable del Parlamento canario a la reforma del REF introducida en el proyecto de ley sobre fraude fiscal, que reduce el histórica diferencial favorable del 80% a las producciones cinematográficas hechas en Canarias. E intenta fijar así los plazos de un proceso donde la oposición quiere marcar el ritmo.

Ayer, tanto CC como PP pidieron que se presente ya el recurso de inconstitucionalidad, un cierto sin sentido estatutario habiendo un instrumento como es la Comisión Bilateral. Pero ambos partidos mantienen la tensión y preparan ya un conjunto de iniciativas parlamentarias, incluida la petición de un pleno monográfico sobre el tema. Ayer, la diputada de CC hablaba de “embestida” del Gobierno contra el REF y de “un presidente débil que baja la cabeza ante la imposición de Pedro Sánchez”, agitando el fantasma de la moción de censura de 1993 contra el socialista Jerónimo Saavedra. Por su parte, la presidenta del PP, María Australia Navarro, criticaba que socialistas y Unidas Podemos hubieran votado a favor del proyecto de ley contra el fraude fiscal en el Congreso de los diputados después de haber apoyado el informe desfavorable del Parlamento, y hablaba de “devaluación de la institución parlamentaria autonómica al ponerla al servicio de una campaña, diseñada por el PSOE, para lavar su imagen aquí y contentar al sanchismo en Madrid”. Ambos partidos, con mensajes casi paralelos, intentaban también agrietar la unidad del Gobierno autónomo.

Desde el PSOE, el diputado Iñaki Lavandera acusó a los nacionalistas de “boicoterar” al sector audiovisual por no apoyar los aumentos del diferencial para la industrial audiovisual canaria a 12,4 millones mientras se sigue peleando por conseguir el 80% en la Comisión Bilateral, reprochándoles que reproduzcan “como un disco rayado su discurso hipócrita y plañidero de siempre”.

Mientras, la Mesa del Parlamento acordó ayer pedir un dictamen al Consejo Consultivo sobre la posible vulneración del Estatuto y la Constitución con la reciente aprobación de otro Real Decreto Ley, esta vez sobre energía y agua, que modifica el REF y donde no se pidió informe previo de la Cámara. La Mesa también solicitó al Consultivo su parecer sobre la aplicación del artículo 167 del Estatuto en relación a los efectos suspensivos de las normas en tramitación ante las Cortes Generales cuando el Parlamento ha emitido informe preceptivo desfavorable.

Un instrumento con un potencial que va mucho más allá del cine

Mientras el Gobierno anunciaba ayer la petición de convocatoria de la Comisión Bilateral y la oposición le lanzaba todo tipo de críticas, el presidente de la Zona Especial Canaria, Pablo Hernández, abogó ayer en la Ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado por pasar de un REF “proteccionista”, con algunos aspectos que hay que mantener, a un “REF abierto, que sea una pista de despegue de la economía regional”. Hernández defendió que el REF en Canarias ha servido como “dique de contención” para mantener la “economía regional en una dinámica positiva y favorecer la inversión interna”, pero que “no ha conseguido aspectos como la diversificación económica, ni reducir el desempleo y compensar todos los costes adicionales”. Por eso defendió un REF “liberalizador de la economía” y aseguró que “esta concepción se alinea con las políticas de la UE sobre las Islas, que abogan por la defensa de sostener y reforzar las oportunidades”.