Izquierda Unida Canaria (IUC) denunció nuevamente en el Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane celebrado en la mañana de ayer que la tramitación llevada, hasta ahora, para la ordenación de Puerto Naos “podría ser contraria a Derecho”, según indicaron desde la formación política a través de un comunicado. La sesión plenaria fue convocada para subsanar diversos aspectos del Instrumento de Planificación Singular Turística para la ordenación estructural y pormenorizada del Litoral de la localidad, cuya remisión al Cabildo palmero fue aprobada por mayoría en diciembre del año pasado.
La denuncia que IUC hizo pública ayer se refiere a la participación del presidente del Cabildo y concejal del municipio, Mariano H. Zapata, en diversas reuniones para la tramitación de este instrumento de planificación, “a pesar de tener que abstenerse de intervenir en el asunto, dados los intereses de familiares suyos en los terrenos que van a convertirse en suelo turístico”, recuerdan.
En el Pleno, Felipe Ramos, portavoz del partido denunciante, señaló que, “tras alertar en el Pleno del 29 de diciembre de 2020 de estos hechos, solo ha recibido silencio por parte de las administraciones implicadas en la tramitación del planeamiento, cuando todo parece indicar que lo que deberían es haber iniciado un nuevo expediente si querían seguir tramitando este instrumento de ordenación del territorio.”
En este sentido, el edil de IUC aludió en el Pleno a un requerimiento de subsanación de la primera Corporación de la Isla remitido al Consistorio aridanense en el que, a pesar de contar con una extensión total de 25 páginas, no se refiere a ninguno de estos hechos denunciado públicamente por su formación política.
Es por ello que Felipe Ramos entiende que “desde la Consejería de Ordenación del Territorio [que dirige el socialista Gonzalo Pascual] y desde sus servicios jurídicos, algo se tendría que decir sobre la obligación de los cargos públicos de abstenerse de intervenir en procedimientos en los que haya vínculos con parentesco de consanguinidad, como sucede en este caso, algo que recogen leyes como la de Régimen Jurídico del Sector Público, la Reguladora de las Bases de Régimen Local y la de Transparencia o la propia jurisprudencia”.
Finalmente, IUC quiso echar la vista atrás y recordar su rechazo a un planeamiento que afecta a una superficie de 28,25 hectáreas, de las que 21,22, el 75%, están dedicadas al cultivo del plátano en una de las zonas de la Isla con mejores rendimientos económicos. “De aprobarse el instrumento, este suelo rústico se transformaría en urbanizable ordenado turístico, permitiendo edificaciones de hasta 5 plantas y 2.604 plazas turísticas”, señalan.
Ya desde el año pasado, IUC había puesto en conocimiento de la ciudadanía que podían existir incompatibilidades entre esta actuación y la presencia del presidente del Cabildo en las reuniones concernientes a dicho asunto. De hecho, hablaban de “intereses familiares” en torno al instrumento de planificación y la afección que puede llegar a tener en una de las zonas de la Isla más cotizadas en lo que a desarrollo turístico se refiere, pero también agrícola e, incluso, deportivo. Se trata de un área que en los últimos años ha adquirido especial valor estratégico.
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