Avisos políticos

El milagro de las pensiones

España es uno de los países en los que proliferan absurdamente un mayor número de leyes, normas, requisitos y procedimientos públicos. Cualquier gestión de un ciudadano con la Administración Pública se convierte en una pesadilla de papeles, certificados y vuelva usted mañana solo con cita previa. Y desde los tiempos de Larra no han mejorado […]

España es uno de los países en los que proliferan absurdamente un mayor número de leyes, normas, requisitos y procedimientos públicos. Cualquier gestión de un ciudadano con la Administración Pública se convierte en una pesadilla de papeles, certificados y vuelva usted mañana solo con cita previa. Y desde los tiempos de Larra no han mejorado mucho las cosas, incluyendo la productividad de muchos funcionarios, incluso con la introducción de la informática y las administraciones electrónicas. Confiamos -igual es mucho confiar- que con la gestión del desastre de La Palma mejoren algo las cosas, al menos por el interés de nuestros políticos en obtener beneficios electorales de la tragedia.

Claro que la sabiduría popular ha hecho de la necesidad virtud, y practica siempre que puede aquello de hecha la ley, hecha la trampa. En paralelo con esta irritante característica de nuestra cultura, está la creencia en que las leyes y las Constituciones tienen poderes taumatúrgicos, es decir, que, en lugar de ser un producto de la realidad, pueden cambiarla, alterar el curso natural de las cosas y hacer milagros. Quizás debido a esta creencia en España proliferan tanto las leyes y las normas. Y las Constituciones, porque, entre Cartas otorgadas y pactadas, Constituciones promulgadas y sin promulgar, y Proyectos abortados de reforma y sustitución de textos constitucionales, junto con Francia somos el país europeo que más Leyes Fundamentales ha gestionado, y uno de los primeros del mundo. La actual Constitución ya es la que más tiempo ha estado en vigor en toda la historia del constitucionalismo español, y, aunque sea solo por eso, merece un respeto.

La semana pasada han tenido lugar en muchas ciudades españolas numerosas y multitudinarias manifestaciones de pensionistas, que reclaman pensiones dignas (la dignidad es un concepto jurídico indeterminado, y no nos han explicado por qué el límite de la dignidad está en 1080 euros y no en otra cantidad), y que, además, se incrementen en igual proporción que los precios, y estén garantizadas en el futuro, por lejano que sea. Y para asegurar esa garantía -blindar las pensiones-, en todas las manifestaciones se ha reivindicado que tal blindaje se incorpore a la Constitución. ¡Ojalá fuera todo tan fácil y las cosas funcionaran así! Lo celebraríamos mucho, incluso por interés estrictamente personal. Pero no, ninguna Constitución puede alterar las leyes de la Economía y la Aritmética, y reivindicar que la nuestra blinde las pensiones por desgracia es una tontería semejante al mandato de la Constitución de Cádiz de que los españoles deberíamos ser justos y benéficos.

En una sociedad en la que aumenta constantemente la esperanza de vida y el número de jubilados, y los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado de trabajo, cuando lo consiguen, resulta imposible garantizar unas pensiones que dependan solo de las cotizaciones, y hay que recurrir a los Presupuestos. Y como la presión fiscal y los ingresos públicos tienen un límite, también lo tiene la posibilidad de financiar las pensiones vía presupuestaria, al margen de Pactos de Toledo y ocurrencias como la del actual ministro. Ningún político lo reconoce porque le costaría perder las elecciones -las urnas castigan la verdad-, pero el milagro de las pensiones es imposible.