“Nadie quiere la huelga, pero el descontento entre los letrados de la Administración de Justicia es generalizado”. Así responde el portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Canarias, Carlos Sánchez, a preguntas de DIARIO DE AVISOS sobre el paro convocado por dicho colectivo (conocidos antaño como los secretarios judiciales) para el próximo miércoles día 26 y que, pese a ser de ámbito estatal, amenaza con tener particular incidencia en los juzgados del área metropolitana tinerfeña, por lo ello conllevará la paralización de la actividad de los mismos.
Tales augurios se sustentan en la reciente celebración de dos asambleas en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, donde el respaldo de los participantes en las mismas a la convocatoria de dicha huelga fue unánime, a lo que hay que añadir el apoyo de otro de los sindicatos específicos del sector, como es la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, mientras que la restante organización sindical relevante, el llamado Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, tiene previsto decidir hoy lunes si, finalmente, también se suma a la protesta.
Sobre lo que ello supondrá en la práctica y a la espera de que hoy se conozcan los servicios mínimos fijados por la autoridad competente, Sánchez recuerda que, como es natural, “se respetarán aquellos asuntos penales cuya causa afecten a presos [lo que evitará problemas al juicio con jurado por el caso de violencia vicaria acaecido en Adeje y que comienza este lunes en la Audiencia Provincial tinerfeña], así como los juzgados de guardia o el Registro Civil”.
Sin embargo, y en caso de un respaldo que a día de hoy se antoja mayoritario, jurisdicciones como la civil o la laboral, sí que pueden sufrir un freno absoluto sin que, por ejemplo, se celebren juicios, se admitan demandas e, incluso, se aprueben los pagos pertinentes, dado que estas funciones son responsabilidad de un sector sin duda clave para el funcionamiento de la Justicia por motivos obvios.
“No queremos perjudicar a la ciudadanía -aclara Carlos Sánchez-, pero nos hemos visto abocados a ir a la huelga tras muchos años de negociaciones con gobiernos de distinto color político sin que se atiendan nuestras reivindicaciones o se cumplan las promesas realizadas”. Lo cierto es que, desde 2009, distintas reformas legislativas han ido liberando a los jueces de determinadas competencias (“que hemos asumido sin problema”, apunta dicho portavoz de la UPSJ) con unas garantías de ser compensados económicamente que, con el paso de los años, no se han materializado.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los letrados de la Administración de Justicia llegó con lo sucedido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en los que “se incluyó una Disposición Transitoria con un mandato al Gobierno para adecuar al fin el salario y, pasado el año, no se ha llevado a cabo”, detalla Carlos Sánchez.
Sin embargo, el aspecto económico no es el único argumento que ha movido a este sector al extremo de convocar una huelga, como explica el portavoz. “No es una cuestión meramente salarial, sino que también abogamos por contar con una negociación colectiva propia, dado que no nos sentimos representados por los sindicatos generalistas. Quisiera puntualizar que no calificamos de manera alguna su comportamiento, sino que, simplemente, creemos que no defienden nuestros intereses al velar prioritariamente por los de quienes suponen el grueso de sus afiliados, que son los funcionarios de Justicia”.
“Han pasado muchos años y los letrados de la Administración de Justicia hemos cumplido con nuestras obligaciones tanto a la hora de liberar a los jueces de determinadas competencias para aliviar su carga de trabajo como en comprender que la situación económica no era la adecuada en su momento, pero insisto en que nos hemos visto abocados a ir a la huelga”, apunta Sánchez.
En cuanto al respaldo previsto en Las Palmas de Gran Canaria, se sabe que la asamblea celebrada en la capital hermana también se saldó con un respaldo a esta jornada reivindicativa, y aunque no fue unánime, sí que fue mayoritaria.
Resta añadir que se baraja la posibilidad de celebrar un acto frente al Palacio de Justicia santacrucero en la mañana del miércoles con la presencia de letrados de la Administración de Justicia de otros partidos judiciales para escenificar el paro y comunicar a la ciudadanía los motivos de su convocatoria, pero dicha circunstancia se concretará hoy mismo por parte de los convocantes de una huelga, por otra parte, inédita dado el colectivo que la protagoniza.
