Confirmado. Una autoescuela del sur de Tenerife logró incluir entre sus “servicios” sobornar a funcionarios de la Dirección General de Tráfico en esta provincia para que los alumnos que aceptaran pagar entre 4.000 y 8.000 euros no tuvieran problema alguno en superar las pruebas para obtener el permiso de conducir, en una trama delictiva que incluso llegó a extenderse a La Gomera.
Así lo confesaron ayer en la Audiencia Provincial siete de los encausados, entre los que se encuentran el cabecilla de la red en cuestión y dueño de la referida autoescuela, los tres funcionarios que cobraron bajo cuerda y tres de los alumnos beneficiados, todos ellos miembros de la comunidad china en la Isla.
Cabe apuntar que otros dos clientes igualmente imputados fallecieron a la espera de este juicio, que, como se ha dicho, ha terminado en su primera jornada con un acuerdo entre la Fiscalía y los implicados, que, a cambio de reconocer que se cometieron los delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial y prevaricación, son condenados a penas de entre un año y seis meses y dos años de cárcel.
Como quiera que carecen de antecedentes y así lo ha considerado oportuno el juez, dichas penas quedan en suspenso y, salvo que vuelvan a ser condenados en los próximos años, de momento eludirán entrar en prisión.
En consecuencia, ayer mismo se dictó una sentencia que ya es firme o, lo que es lo mismo, contra la misma no cabe recurso.
Los delitos que nos ocupan, explica en su escrito el Ministerio Público, se cometieron en 2010, cuando el propietario de la autoescuela y su esposa captaron entre su clientela a las personas interesadas en conseguir el permiso de conducir sin estar capacitados para ello, previo pago de las cantidades aludidas.
Para conseguir los permisos de conducir sin superar las pruebas pertinentes, contaban con dos funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife que aceptaron dinero a cambio. Muchas de las personas interesadas eran de nacionalidad china que llegaban a la autoescuela por mediación de uno de los acusados, un empresario de ese país que está afincado en el sur de Tenerife.
Así, uno de los funcionarios de la Jefatura Provincial del Tráfico ha sido condenado por un delito de cohecho pasivo, otro de revelación de secreto, otro de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación, por los que ha sido condenado a prisión y a inhabilitación especial para participar en pruebas para obtener el permiso de conducir.
La tarea de los funcionarios era seleccionar los test que se usaban en los exámenes teóricos y realizar exámenes teóricos y prácticas de varias clases de permisos de conducir. Lógicamente, uno de los funcionarios que conocía los cuestionarios de los exámenes, entregaba los test a los alumnos que pagaban por este ilegal atajo e, incluso, a aquellos chinos que tenían dificultades con el idioma les indicaban que aprendiesen de memoria las respuestas correctas para así superar el examen teórico “pese a no tener los conocimientos necesarios para ello” o corregía los exámenes.
Resta un detalle para comprender la envergadura del fraude: ayer, dos de los chinos hoy condenados requirieron de intérprete para dar su conformidad a las acusaciones.
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