visiones atlánticas

Fecundidad y pensiones

La fecundidad y las pensiones están relacionadas entre sí y forman parte del núcleo de las políticas de largo recorrido, que exigen mantenerse al margen de los conflictos entre partidos. La polarización de la vida pública ejercida por el gobierno, impide valorarlas y darles prioridad. España ofrece hoy una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, la más baja de la UE, que tiene a su vez las más bajas del mundo. Asombra ver a Francia con la tasa de fecundidad más alta de 1,9 que tampoco llega a la de reemplazo de 2,1. Gracias a que mantiene políticas natalistas estables, con unas generosas ayudas por hijo. En el grupo de las bajas natalidades de la UE, Italia, Chipre y Grecia y en las altas Rumanía, Irlanda, Suecia, Chequia, Dinamarca y Reino Unido. Son varias las razones de la baja fertilidad, el perjuicio laboral de la maternidad para la mujer, la fiscalidad familiar, el deficitario mercado laboral, la inexistencia de vivienda pública, que impiden consolidar proyectos de familia. La institución jurídica que soporta la fecundidad, familia y matrimonio, están en la UE, sometidas a una erosión institucional y devaluación sin sentido. Entre 1980 y 2000 la tasa de nupcialidad española pasó de 5,86 a 1,9 y la edad media del matrimonio subió 10 años, hasta 34/36 años, ella y él. Hay hoy en España 19 millones de solteros en las franjas de las edades reproductivas. Se suman en contra las políticas abortistas, que producen una media de 100.000 abortos /año, que moralidades al margen, debemos incorporar a la planificación familiar. Nacen en España al año unos 360.000 hijos, con una tasa de fecundidad de 1,2, cuando la tasa de sustitución es de 2,1 que exigen 600.000 hijos/año. Canarias ocupa la tasa más baja de España, con 0,94 hijos. El matrimonio es una realidad sociológica, jurídica, antropológica y política, esencial para la estabilidad de la familia. Que en la crisis actual múltiple, de economía, pandemia, mercado laboral, abandono público y guerra de Ucrania, ha fragilizado la sociedad, extendiendo los niveles de pobreza a estados insostenibles, particularmente en Canarias. Ya en 2020 de las 40 regiones de la eurozona con más desempleo, 17 eran españolas, ocupando las tres últimas plazas, Extremadura, Andalucía y Canarias, esta con un desempleo juvenil superior al 50 %. Al otro lado de la balanza las pensiones, descolgadas ahora del Pacto de Toledo, quedando su encaje condicionado a la política, donde se subastan cada año sus revalorizaciones, acompañando al presupuesto. Afectan a 9,6 millones de pensionistas, el más amplio y fiel cuerpo de votantes. La principal partida del presupuesto 2022, las pensiones de 176.165 meuros,14.680 meuros al mes, el 37,50% del gasto y 12,60 del PIB. Hoy con 100.000 meuros acumulados de déficit de pensiones, que reflejan el mal diseño del sistema. No soportable hace tiempo al estar financiado con cuotas empresariales de la seguridad social, que exigen cambiar el mix de impuestos. Otro error, la “tasa de sustitución”, relación entre la pensión media y el salario medio, la más alta de la OCDE, porque nos hemos negado a conciliar fórmulas público privadas, que el nuevo gobierno ha extremado. En España hoy las pensiones, vía familiar, se han convertido en el principal instrumento de estabilidad social, llevando a través de ellas la supervivencia de sus dependientes. Nos encontramos con que altas cuotas de seguridad social, penalizan el empleo, taponan el empleo joven, retrasan carreras laborales, obligan a tener ingresos inestables, postergan la emancipación y con ello frenan la natalidad. El paro juvenil se ve penalizado por el exceso de regulación laboral y el déficit de formación. Que exige abordar el elevado recorte del gasto público ineficiente, necesario para consolidar la familia, la fecundidad y las pensiones. Todo es dependiente.

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