La Laguna estudiará cobrar tributos sobre algunos inmuebles de la Iglesia

El Pleno de La Laguna aprobó ayer por unanimidad una moción institucional, a partir de una propuesta de Alcaldía con enmiendas de CC y del grupo de Gobierno, para “estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles, sin uso social o religioso, titularidad de la Iglesia católica o del Obispado, en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos”.

Además, en el texto acordado se apuesta por “promover conjuntamente con la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en el marco de los acuerdos del Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, el estudio, a través del listado que remita la FEMP, de los bienes inmatriculados en el municipio a los efectos de determinar si existe alguno cuya titularidad fuera pública, a los efectos de proceder, en su caso, a su regularización”. Así como “ofrecer la colaboración del Ayuntamiento en esta recuperación de bienes, contratando, para ello, un informe jurídico y técnico que sirva para colaborar en la restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios y recuperar los de dominio público que pudieran estar en este caso, como plazas públicas o edificaciones de uso comunal, promovidas por los vecinos y vecinas”.

Esta moción se acordó en el marco de una sesión plenaria que arrancó con un minuto de silencio por el fallecimiento de Javier Quintero, técnico del área de Deportes del Ayuntamiento; y que estuvo marcada por bastante tensión en el debate de los primeros puntos.

El Pleno también determinó por unanimidad otra moción para instar “al conjunto de entidades bancarias que operan en nuestro municipio a reforzar los recursos para ofrecer un servicio presencial, durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial a la población mayor”, entre otras medidas en la lucha contra la brecha digital.

Asimismo, se dio cuenta del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de la contratación menor llevada a cabo por los grandes ayuntamientos canarios en 2018, y del que el portavoz de Avante, Santiago Pérez, destacó. Igualmente, criticó que en dicho ejercicio, correspondiente a la anterior Corporación, “el 98,9% de los contratos que adjudicó el Ayuntamiento fueron menores”, cuando se trata de un contrato que “debe de utilizarse con carácter excepcional”.

Otro momento tenso del debate llegaría con el punto en el que se pedía, por parte de CC, la comparecencia del alcalde para que diese cuenta de las obras realizadas en su domicilio y que no se realizó, ya que, consultada a la secretaria sobre si dicha comparecencia era conforme al ordenamiento jurídico, esta respondió que en base a la norma no procedía.

El portavoz de CC, Jonathan Domínguez, respondió que lo que se pretendía con la petición era “darle la oportunidad al alcalde de que explicara de manera coherente y aclarar cualquier duda respecto a lo que sucedió en el anterior Pleno”.

A esto, el alcalde criticó que lo que CC quería traer era “un circo mediático”, porque se trataba de una cuestión de “mi ámbito personal” que “no tiene nada que ver con la gestión política”. “Aquí solo se ha venido a estigmatizar a un alcalde por una cuestión personal, no se lo voy a permitir”, denunció.