Obras abandonadas: las costuras del ‘boom’ de la construcción en el Sur

La plaga de edificaciones privadas abandonadas a medio construir es una de las asignaturas pendientes del sur de Tenerife, aunque no es un problema exclusivamente de la zona meridional de la Isla. Su origen se remonta a los años del boom de la construcción y del turismo a partir de los años 60.

Hoy son arquitecturas frustradas que, en muchos casos, sirven de cobijo a personas sin techo que malviven entre escombros y basuras, a pesar del riesgo que supone refugiarse bajo estructuras de hormigón deterioradas por el paso de los años, sin ningún mantenimiento de los materiales y sometidas a factores como el viento el sol, la lluvia y, sobre todo, el mar, cuya proximidad es uno de los elementos externos más perjudiciales. Como sostienen los arquitectos, “la maresía y el hierro no se llevan bien”.

Zonas como Costa del Silencio, la primera urbanización turística del Sur, El Fraile (ambas en Arona) o San Isidro (Granadilla de Abona) congregan gran parte de los edificios fantasmas de la comarca. Detrás de ellos se esconde la ruina de sus constructores, en muchos casos por los efectos de recesiones económicas (algunas estructuras llevan paralizadas desde la crisis del petróleo, en 1973), pero también litigios judiciales o incluso el fallecimiento del propietario y la renuncia de sus herederos a continuar adelante con la obra.

El alto número de edificaciones inacabadas en el Sur está directamente relacionado con las grandes expectativas en la época dorada del turismo, pero también con factores asociados con el bajo nivel de profesionalidad de muchos promotores de la época en el sector (para edificar había que urbanizar) y la moda extendida en los años 70 y 80 de reunirse grupos de amigos sin ninguna especialización para edificar. A muchos de ellos la aventura les salió muy cara al fracasar sus proyectos.

Reemprender las obras de un esqueleto de cemento no suele ser la opción más viable, por cuanto el alto nivel de deterioro causado por el paso del tiempo obligaría a una inversión extra, comenzando por una minuciosa evaluación para verificar el estado real de los materiales. De hecho, algunos estudios señalan que terminar un edificio puede resultar un 20% más caro que construir uno nuevo.

Desde algunos sectores ecologistas han surgido voces que reclaman el establecimiento de un plazo determinado para la finalización de estas estructuras abandonadas y, de no reanudarse las obras, plantearse algunas soluciones que pasarían por la demolición, en unos casos, o la construcción de viviendas sociales, en otros. En cualquier caso, demandan una regulación que aborde el problema.