Aunque 19 de los 23 acusados por presunto maltrato animal y organización criminal, tras intervenir la Policía Nacional el 18 de febrero de 2017 en una pelea de perros en Güímar, en un chalet de La Medida, aceptaron un acuerdo de conformidad con el fiscal, antes de comenzar el macrojuicio en la Audiencia Provincial de Madrid, este prosigue adelante, donde están previstas 48 sesiones, al no sumarse al acuerdo las acusaciones particulares, representadas por Podemos Canarias y Salvando Ángeles Sin Alas (SASA).
Desde Podemos se insiste en la necesidad, ahora que se trabaja para una nueva Ley Animal y cambiar el código penal, de que haya una condena ejemplarizante para los que han participado en la organización de peleas de perros y en la muerte de unos 200 canes en una pelea de perros en Güímar, en una finca que ejercía como criadero de sparring para los perros potencialmente peligrosos. Al menos para los ocho implicados en Tenerife, entre ellos un policía local de Adeje y un veterinario de La Orotava, este último, uno de los que no aceptó el acuerdo con la Fiscalía, porque conllevaría su inhabilitación para ejercer su profesión.
Las acusaciones piden penas más elevadas que la Fiscalía, que, en el acuerdo, rebaja las penas de siete años de cárcel a dos, por lo que podrían evitar la entrada en prisión. “No queremos multas, queremos cárcel”, expone la acusación.
La organización, según el Ministerio Público, criaba a perros a los que adiestraba para ser más agresivos y proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular, algo que se pudo comprobar en la pelea de perros en Güímar.
Después, les destinaban a peleas concertadas, como la de Güímar en febrero de 2017, con contratos previos en las que resultaban “muertos o gravemente heridos”. A estos últimos les utilizaban como sparring de entrenamiento o decidían darles muerte cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, como se descubrió en una finca de Arona.
El primer acusado en declarar fue Juan Carlos M., veterinario de La Orotava, denunciado por atender a los perros que resultaban heridos en los combates. Según la fiscal, suministraba medicamentos y extendía recetas de sustancias dopantes para así aumentar la agresividad de los animales. El encausado dijo que extendía recetas de fármacos como cortisona para, de esta forma, tratar enfermedades como la sarna, pero nunca recetó sustancias dopantes.
Pelea de perros en Güímar: una organización criminal que se destapó en 2017 en Tenerife
La red fue desarticulada en 2017 en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y Andalucía. Los agentes rescataron a 230 perros potencialmente peligrosos preparados para participar en peleas de perros.
La investigación arrancó después de que agentes irrumpieron en una pelea de perros en Güímar y en el que estaban previstas cuatro peleas ilegales, organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba con el tráfico de estupefacientes.
En la Comunidad de Madrid, operaban seis de los procesados, con los apodados como ‘Rafa’ –el “maestro”– y ‘Profe’ como líderes principales, así como un veterinario que colaboraba con la organización.
RAZAS PELIGROSAS
En su escrito de acusación, el fiscal señala que la red adiestraba a perros de razas potencialmente peligrosas a base de fármacos y sustancias dopantes “muy perjudiciales para los canes” con el objetivo de que fueran más agresivos y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular.
Así, los animales están sometidos a una situación de “cruel maltrato” desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y “duros” entrenamientos físicos.
Desde la Fiscalía se remarca que incluso se llegaba a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica “llevando al animal hasta su extenuación”.
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