tribuna

Ucrania, triple dimensión

La injustificable invasión de Ucrania por Rusia ha causado miles de muertos y heridos, provocando un masivo éxodo de personas y arrasando ciudades sin respetar hospitales ni viviendas. Una guerra que muestra una triple dimensión. La del sufrimiento que padecen millones de seres humanos, la de la seguridad y la paz internacional y la económica. Y que impacta mucho más allá de la región en conflicto y dejará relevantes huellas. La preocupación más inmediata debe ser atender a las personas que sufren directamente la guerra. A las que permanecen en Ucrania y a las que decidieron abandonarla. Hasta ahora, unos tres millones han salido por las fronteras con Polonia (1,8 millones), Rumanía (medio millón), Hungría (270.000) y Eslovaquia (220.000), estados de la Unión Europea; también, en menores cifras, unos 160.000, se han trasladado a Rusia o Bielorrusia.

La UE les abrió las puertas, decisión que compartimos. Lo que no sucedió con seres humanos procedentes de otros conflictos bélicos y que padecían similar sufrimiento, como los que escapaban de la guerra de Siria, que causó más de 400.000 muertes y casi 5 millones de refugiados. Como señala en la revista Galde Lorenzo Gabrielli, investigador del Grupo de Migraciones de la Universidad Pompeu Fabra, en la medida pesan elementos étnicos, culturales, religiosos y económicos.

La UE ha activado, por primera vez, aunque no la única que lo requería, la directiva de Protección Temporal de 2001, que posibilita a las personas refugiadas permanecer en territorio comunitario y que los estados de acogida garanticen su alojamiento y sustento, así como acceso al mercado laboral, a la sanidad, a la educación y a la vivienda; con medidas específicas destinadas a proteger a los menores no acompañados. Tendrá vigor durante un año, prorrogable si se mantiene la situación que les obligó a desplazarse. Además, la Comisión Europea anunció que asignará al menos 500 millones de euros del presupuesto comunitario para afrontar las consecuencias humanitarias de esta guerra, tanto en Ucrania como para atender a los refugiados en otros estados.

Seguridad y paz

Otro elemento del actual conflicto es la seguridad internacional, poniendo en peligro la paz mundial. El gran arsenal nuclear ruso eleva de forma notable los riesgos de esta confrontación por los efectos devastadores que para el mundo tendría una guerra nuclear. Escuchar a distintos líderes mundiales hablar de la posibilidad de que el conflicto derive hacia una tercera guerra mundial no es precisamente tranquilizador. La invasión militar rusa ha modificado las posiciones en una UE que carece de una política de defensa y seguridad común; y una de las primeras reacciones está siendo el anuncio de la elevación sustancial de los presupuestos de defensa de los distintos estados que la integran. Aunque, en mi opinión, las claves deben ser contar con una política propia de defensa y de seguridad, en función de los intereses europeos y no de terceros, léase Estados Unidos, y reforzar los espacios multilaterales, como Naciones Unidas, en la prevención y solución de conflictos.

El tercer plano son las consecuencias económicas del conflicto. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que la economía mundial se reducirá un punto este año 2022 a consecuencia de la invasión. Según sus estimaciones, la economía rusa caería un 10%, la estadounidense menos de un punto y la de la UE 1,4; esta última lastrada por su dependencia energética de Rusia. Por otra parte, la inflación se elevaría 2,5 puntos más de lo previsto.

La elevada inflación antes de la invasión de Ucrania ya estaba dificultando de manera significativa el crecimiento, la recuperación y el bienestar de la gente. Está muy vinculada, al incremento del precio de los fletes, a la evolución de los mercados de las materias primas, donde se está produciendo una explosiva mezcla de caos, miedo y, asimismo, avaricia. Por eso hay que intervenir donde están los problemas, en los mercados. Poniendo topes a los precios y estableciendo mecanismos regulatorios.

Energía

Esto parece muy claro en el caso de la energía. Hay que evitar que el gas, elemento minoritario y costoso del sistema energético, sea el que determine el precio final de la factura eléctrica, incrementándolo de forma sustancial. No se trata de quitar impuestos, lo que no modifica esencialmente el precio final del recibo de la luz, como se demostró con la reducción del IVA que el Estado hizo el año pasado. Sino, en todo caso, de ponérselos a las eléctricas que están ganando miles de millones de euros, sin mover un dedo y aprovechándose de la crisis.

Los días 24 y 25 de marzo se celebrará un Consejo Europeo en el que se deben abordar fórmulas eficaces para afrontar la escalada de los precios de la energía, que están dañando a todas las economías comunitarias. Y esto pasa por sacar al gas, poner topes a los precios o poner impuestos a las eléctricas. Así como por establecer ayudas europeas directas a los sectores más impactados por la evolución de los precios de la energía y de las materias primas, habilitando fondos o redefiniendo los ya existentes.

Posteriormente, el 29, el Consejo de Ministros decidirá las políticas a implementar en el Estado español, en lo que denominan plan de respuesta global a la guerra de Ucrania, cuya elaboración estará precedida de reuniones del Ejecutivo estatal con los partidos políticos, las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales. La más relevante, el pacto de rentas, con moderación de los beneficios empresariales y de los salarios. Las bajadas generalizadas de impuestos que exigen algunos ni se pueden hacer ni sirven; y tendrían un efecto devastador en los servicios públicos. Se requiere, también, la adopción de actuaciones contundentes dirigidas a la reducción del coste de la energía y un paralelo mayor impulso a las renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la apuesta por una movilidad sostenible, medidas planteadas desde hace tiempo, pero a las que llegamos con notable retraso. Y que se arbitren ayudas directas a los sectores más impactados.

Defendemos las políticas de ayudas, realizando intervenciones precisas en las que el Estado debe tener en cuenta que Canarias, por su ubicación geográfica y su fraccionamiento, sufre con mayor rigor las consecuencias de la subida de los precios de los combustibles, por sus efectos sobre el transporte de mercancías y personas, y el aprovisionamiento de materias primas; así como sobre un sector, el turismo, clave en nuestra economía y en nuestro empleo. Y evitando que una reducción de tributos detraiga recursos para los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y coberturas sociales). Planteando ayudas directas a los sectores más intensivos en consumo de combustibles y electricidad, así como en materias primas que se han encarecido exponencialmente, entre ellos los de transportes, tanto de personas como de mercancías, y las explotaciones e industrias ganaderas. Con actuaciones que van desde la reducción de las tasas portuarias y aeroportuarias a otras dirigidas a reducir el impacto de la subida de los combustibles en transportistas y agricultores. Así como el incremento de las ayudas previstas en el POSEI para el fomento de las producciones agrícolas locales.

A ello se suman las acciones, más limitadas ante una crisis de estas dimensiones, que se pueden abordar desde las distintas nacionalidades y regiones. En nuestro caso, la inflación afecta de manera importante al Gobierno de Canarias y su presupuesto. Somos el principal consumidor eléctrico de las Islas, 23,5 millones de euros de las cuentas públicas que se convertirán en 60 millones con las actuales tarifas. Si tenemos en cuenta la elevación de los precios del conjunto de proveedores, puede suponer un impacto de casi 400 millones en el Presupuesto de la Comunidad para 2022. Los concursos de obras públicas se están quedando desiertos por la elevación de los precios del cemento o del hierro y hay empresas que renuncian a las obras que tenían adjudicadas ante la escalada de precios de los materiales.

La UE, el Estado y Canarias deben implementar medidas que reduzcan las consecuencias que esta crisis tiene en las familias, en las empresas y en las administraciones públicas. En lugar de una rebaja de impuestos, salvo de forma puntual -como hicimos en la pandemia para el material sanitario o en La Palma frente a las consecuencias de la erupción- hay que actuar quirúrgicamente. Con ayudas directas a los sectores más afectados. Y, siempre, garantizando los servicios públicos, persistiendo en la protección del conjunto de la ciudadanía y apoyando a las personas más vulnerables.

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