Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a más de 200 gasolineras ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por subir los precios el 1 de abril, el día que entraron en vigor los descuentos de 20 céntimos por litro impuestos durante los próximos tres meses por el Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.
Según informó la asociación de consumidores, el pasado viernes las 208 estaciones de servicio denunciadas aplicaron incrementos de al menos cinco céntimos, “que es el recorte de márgenes que tiene que aportar el sector”, según establece el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
En cuanto a la gasolina 95, la subida de cinco céntimos o más se produjo en la mañana del viernes en 171 estaciones de servicio. La asociación indica que obtuvo los datos en las mañanas de los días 31 de marzo y 1 de abril a través de la web Geoportal, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su denuncia ante la Dirección General de Consumo, Facua recuerda que el citado real decreto-ley establece en su artículo 21 que “las autoridades competentes en materia de consumo podrán sancionar las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios relacionadas con la aplicación del descuento”.
Por ello, solicita al organismo dependiente del Ministerio de Consumo que ponga los hechos en conocimiento de las autoridades autonómicas de protección al consumidor “para que los investiguen y abran los correspondientes expedientes sancionadores contra las gasolineras donde consideren que se han cometido las citadas prácticas desleales”.
Por su parte, en la denuncia ante la CNMC, Facua indica que el citado artículo del Real Decreto-Ley contempla que el regulador “podrá conocer de aquellos actos de competencia desleal relacionados con el descuento que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público”.
Ante esto, pide al organismo que preside Cani Fernandez que “evalúe si todas o una parte de las estaciones de servicio denunciadas habrían vulnerado la legislación”.
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