El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, afirmó ayer que el Ejecutivo no va a “desistir” hasta recuperar los 4 millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un lote de un millón de mascarillas FPP3 que nunca se entregaron.
En la comisión parlamentaria afirmó que “no hay ni un solo momento” en que la administración no haya actuado para que se ejecute el contrato y se estudiará la vía judicial si se encuentran indicios delictivos, especialmente el alzamiento de bienes. A través de la Agencia Tributaria Canaria se han ordenado hasta diez embargos para recuperar el dinero, la deuda alcanza ya los 4,8 millones.
Los hechos se producen en abril de 2020 en un momento en el que el mercado mundial de productos sanitarios era “extremadamente competitivo” para conseguir bienes “escasos y necesarios”, en una “lucha encarnizada”, incluso con la incautación de material.
En ese momento RR7 United ofrecía un modelo de mascarilla FFP3, validado por los servicios de prevención, a un precio de cuatro euros por unidad. El encargo se realizó el 25 de mayo de 2020 y la mitad se abonó el 27 de agosto. En octubre se les requiere el material y se abona el resto. Las mascarillas llegaron Gran Canaria desde Etiopía pero fueron incineradas al incumplir la certificación.
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