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Los dependientes canarios, una dramática vida por la vulneración de sus derechos

Canarias tiene un gasto por habitante inferior a la mitad de la media española, 8.500 plazas residenciales menos y esperas demenciales
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Persona mayor con una cuidadora en una imagen de archivo. DA

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero, Felipe Afonso, entregaron ayer el Informe Extraordinario sobre la Situación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 2021, al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, afirmando que “se vulneran los derechos fundamentales” de los dependientes, que, junto a sus familiares y cuidadores, viven situaciones “dramáticas y dantescas”.

“Hay mucha gente pasándolo mal”, porque el tejido social “se ha ido debilitando”, la “soledad” va en aumento, hay dependientes sin casa en propiedad o hay hijos que tienen que “elegir entre cuidar o trabajar” y otros están fuera. Desde la Diputación del Común “no podemos ser indiferentes ante un hecho evidente”, más de una de cada cuatro quejas presentadas, el 27%, tienen que ver con Dependencia o Discapacidad”. Y en ambas materias, “la situación es grave, de enorme retraso y de vulneración de los derechos fundamentales”, insistió Afonso.

Canarias fue la comunidad que más tiempo tardó en tramitar los expedientes de reconocimiento de grado y de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), y la que tuvo una de las peores tasas de cobertura con respecto a su población. “Si Canarias alcanzara la media nacional, atendería a 30.000 dependientes más”, subrayó.

También hay menos canarios que presentan solicitudes de ayuda: tendrían que ser 28.000 más para situarse en la media nacional, algo que se explica “porque la gente tiene poca confianza en el sistema”, pero también puede haber “desconocimiento de las ayudas y de los procedimientos o incapacidad para tramitarlos”.

Los presupuestos destinados por habitante son inferiores a la mitad de la media nacional, pero también “mejorar la organización, facilitar la colaboración entre administraciones y promover residencias sociosanitarias”, destacó. Las Islas tienen el menor número de plazas residenciales públicas. Para estar en la media, debería tener 5.700 plazas más, y para alcanzar los ratios recomendados por la OMS, necesitaría crear 8.504.

Los servicios administrativos “están colapsados” incumpliendo los plazos legales de tramitación, hasta por 7,5 veces, de manera que se van atendiendo solicitudes presentadas cuatro años antes. El plazo máximo para resolver una solicitud de ayuda es de 943 días y las revisiones del grado tardan 45 meses.

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