Entusiasmo en el sector de la Justicia tinerfeña tras conocer que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acepta la oferta de compra del ahora llamado edificio del Auditorio, pero antes conocido como edificio de los cristales de Antonio Plasencia y que,todo apunta, pasará a ser Justicia II en la capital tinerfeña.
Eso sí, nada será real, en el mejor de los casos, hasta finales de 2023, como reconoce la decana de los juzgados capitalinos, Esmeralda Casado, quien no dudó ayer en calificar como “política inteligente” el hecho de que Bermúdez postergue otras necesidades del municipio para desbloquear, al fin, el problema que supone, como recuerda la propia Casado, “la mala calidad” en la asistencia a la ciudadanía que implica la más que lamentable dispersión actual de los juzgados de la capital.
Goteras
No en balde, y más allá de los casos puntuales de goteras y otros desastres similares desvelados recientemente por DIARIO DE AVISOS, lo cierto es que la propia magistrada recuerda que, en las circunstancias actuales, “es imposible crear nuevas unidades judiciales en Santa Cruz por, entre otras cosas, falta de espacio”, algo que terminará, si todo va bien, cuando finalice el año que viene.
Las claves pasan por la condena del caso de Las Teresitas, por el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pasó a ser propietario de dos edificios en la encrucijada judicial capitalina, como son el que hoy alberga la Consejería de Educación y el que nos ocupa, el de los cristales.
El primero ya fue vendido por la Corporación local a la Comunidad Autónoma, mientras que el segundo ya sabe el Gobierno de Canarias que, como mínimo, le costará algo más de 20 millones de euros (como se estipuló su valor judicialmente). A eso se sumará lo que suponga la rehabilitación interna de un inmueble que, en la práctica, está vacío por dentro.
Compromiso
Explica la decana que lo importante es que, tras esta “buenísima noticia”, antes de finales de año se cierre el compromiso anunciado por el alcalde para la definitiva venta del edificio, y así arranquen cuanto antes unas obras que se estima durarán entre ocho y 12 meses. “Era la única posibilidad, y así se lo hicimos saber al alcalde en la cita que tuvimos la Plataforma Pro Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, pero lo cierto es que se agradece la sensibilidad mostrada”, apunta Esmeralda Casado.
Eso sí, no basta en meramente reubicar los juzgados santacruceros dispersos en esta suerte de Justicia II capitalina, por cuanto hay que hacer un estudio de viabilidad (como recuerda la decana) y tener en cuenta la nueva legislación que reorganizará la Justicia en España, como son la Ley de Eficiencia Organizativa como la futura creación de los tribunales de instancia con la nueva planta judicial.
Todo ello, mientras en 7 u 8 años se construye la tantas veces postergada Ciudad de la Justicia tinerfeña.
