Diario de Avisos/EFE.| Canarias tendrá a partir del 1 de enero de 2023 las competencias en materia en Costas, en los mismos términos en los que fue transferida a Cataluña y Andalucía, ni más ni menos”, manifestó ayer el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Este traspaso puede calificarse de “histórico”, tras una dilatada reivindicación por parte de Canarias que ha exigido “una ardua negociación” con el Estado, como reconocen las autoridades regionales.
Torres, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, presidió la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado y la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias. En esta última, se cerró la transferencia de esta competencia, incluido en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
A partir de enero, Canarias dispondrá de competencias, entre otras materias, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales, así como en obras y actuaciones en el litoral de Canarias.
Además, se traspasa a 20 trabajadores a los que Canarias incorporará otros 25 a partir del mismo mes, siendo el total del coste de emplear a estas 45 personas asumido por el Gobierno canario.
El presidente regional valoró que se pueda firmar este acuerdo tras una negociación “que no ha sido fácil”. La ministra dijo que, con esta transferencia, a partir del próximo 1 de enero de 2023 -fecha en la que entrará en vigor- “mejorará la gestión de las costas gracias a la cercanía”.
Por su parte, de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, la primera que se realiza tras 12 años, se ha extraído “un acuerdo que permitirá la tutela financiera por parte de las entidades locales”, tal y como expuso la ministra.
Con este convenio, los ayuntamientos van a poder agilizar sus tareas de financiación para mejorar en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Torres valoró el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que Canarias recibirá un 24% más de recursos procedentes del Estado.
El presidente canario se refirió a la buena relación con el Gobierno de España y manifestó que los 18 conflictos judiciales se han ido resolviendo por acuerdos. Antes de la reuniones bilaterales, la ministra firmó con los alcaldes de El Paso y Tazacorte un convenio para la reconstrucción de carreteras e infraestructuras municipales dañadas por la erupción del volcán.
Isabel Rodríguez explicó que el Ejecutivo estatal asumirá “el 50% de los gastos de las zonas afectadas”, lo que supone destinar 14,5 millones de euros para ambas localidades: 11 millones para El Paso y 3,5 millones para Tazacorte. La ministra definió este hecho como otro “ejemplo de lo volcado que está el ejecutivo central con las islas y, concretamente, con La Palma”.
Finalmente, la representante de Política Territorial también avanzó que el Gobierno canario y el nacional tienen el “compromiso” de avanzar en una cogobernanza en materia de emergencias. Dicho pacto tiene como finalidad abordar cuestiones como el incendio, que, desde el pasado jueves 21 de julio, afecta al norte de Tenerife.
“Vamos a trabajar para crear un marco regulador estatal básico donde las comunidades autónomas serán piezas fundamentales para conseguir una prevención y lucha eficaz contra los incendios”, especificó Rodríguez.
La ministra consideró que los acuerdos alcanzados en el día de ayer demuestran que “nunca ha habido un gobierno más comprometido con Canarias” y conseguirán “mejorar la vida en las Islas”.
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