Tras cansarse de esperar un cambio de rumbo dentro del Ejecutivo regional, diversas organizaciones, asociaciones y colegios oficiales de profesionales de Canarias saldrán a la calle el próximo 15 de septiembre integrados en el Movimiento Popular 15S que surge en defensa de los derechos sociales en las Islas y ante la desidia histórica de las formaciones políticas. La activista LGTBI+ transfeminista Emma Colao, abogada y colaboradora en diversas asociaciones, así como presidenta de la Coordinadora Acción Social de Canarias, aborda en esta entrevista las principales deficiencias del sistema y los motivos para esta manifestación.
-¿Qué opina de que adelanten ahora las subvenciones con cargo al IRPF para entidades sociales?¿Han mejorado el reparto, los criterios y las bases?
“La Consejería de Derechos Sociales dice que ha adelantado las subvenciones del IRPF cuando llevan un año de retraso. Las sociedades más pequeñas se sienten discriminadas en el reparto de los proyectos que se financian a través del 0,7% social del IRPF, que siempre han recaído en mayor medida sobre las entidades más grandes (Cruz Roja, Cáritas, Aldeas infantiles…), que cuentan con estructuras y una estabilidad financiera importante. En Canarias las entidades pequeñas tienden a trabajar en zonas muy localizadas y desarrollan servicios que las grandes no realizan, cubren necesidades concretas dentro de la discapacidad y la dependencia. Las dejan desprovistas de presupuesto y no tienen el colchón financiero que pueden tener las estructuras mayores, y cuando reciben el dinero lo hacen con una demora que les obliga a pedir créditos o préstamos para poder sostener a su personal y mantener los servicios que presta. Eso genera que se endeude el brazo ejecutor de los servicios sociales, porque la administración ha decidido no establecer la estructura pública de los servicios sociales; entonces, es como el pescado que se muerde la cola, además de ser incapaz de aumentar y establecer la estructura pública de los servicios. La administración financia mal esos servicios, generando servicios low cost través de la vulneración de derechos laborales. El 0,7% del IRPF no es el instrumento para poder financiar los servicios públicos que debería prestar la administración”.
-Entonces, ¿tratan de expulsar al Tercer Sector y se abre la veda a las empresas privadas?
“Las entidades sociales grandes no se ven afectadas porque directamente ya asumen esos servicios de manera estructural y reciben dinero no solo a través de esta convocatoria, sino de subvenciones nominativas. Se trata de grandes cantidades de dinero de los presupuestos públicos que, si se invirtieran dentro de toda la estructura de entidades que trabajan lo social, estaríamos hablando de más contratación de personal, mejora de servicios y en sus estructuras y agilización de expedientes. Entonces ya el Tercer Sector pasaría a desempeñar un papel importante que siempre tuvo que tener, que es apoyar a los servicios públicos en un pequeño campo, en el que no puede llegar la administración, y no hacer aquello que no hacen los servicios públicos. La Consejería de Derechos Sociales ,cuando permite la privatización de servicios, lo que hace es abaratar el empleo y rebajar la calidad de los servicios, porque el sector privado busca un beneficio económico, mientras que las entidades del Tercer Sector jamás tendrán beneficio económico, pues ni la estructura ni la fiscalización del dinero público se lo permite, se revierte continuamente. A la empresa privada le da igual vulnerar los derechos laborales de su personal y hay muchos ejemplos”.
-¿Qué opina de la Comisión de Derechos sociales en el Parlamento de Canarias?
“Está formada por representantes de los partidos que han sido y son parte del problema. La Comisión podría ser perfecta si realmente fuera un órgano interventor, pero es un órgano politizado y de propaganda. Cuando asistimos a los comisiones hemos encontrado grupos que se defienden a sí mismos y que son capaces de negar la verdad, incluso cuando se le presentan los datos, viven en una realidad paralela alejada del pueblo y no tienen ninguna intención de mejorar las cosas. Sólo han fingido que trabajan en favor de los derechos sociales”.
-Había muchas expectativas generadas. ¿Por qué ahora califican la política social como un desastre?
“De las peores de estos últimos años. Desconocen la gestión de los derechos sociales y no están abiertas al diálogo y a dejarse asesorar. La Consejería de Derechos Sociales, a diferencia de otras dentro del Gobierno, no tiene rumbo ni hoja de ruta, no sabe qué medidas llevar acabo, lo que hacen es saltar de una a otra. No saben ni siquiera cómo gestionar el personal que tienen, no escuchan, no se dejan asesorar, se creen que se las saben todas y caen en sus propias contradicciones. Había un problema muy notorio públicamente con la resolución de expedientes de las PCI y lo que hicieron fue quitar personal que resolvía los expedientes de las pensiones no contributivas para solventar la PCI, y ahora han generado un retraso en esas pensiones. No creo que sean personas que quieran estropear los Derechos Sociales, es que son incompetentes en su gestión. Se dedican más a hablar de estos temas que a trabajar, porque han entendido que de la necesidad se puede sacar rédito político. La gente que acude a los servicios sociales busca una solución y entonces el político ve potencial electoral y capitalizar ese discurso con votos. Lo que ocurre es que la gente se cree inicialmente ese discurso, pero si no viene acompañado de medidas, propuestas y trabajo, se cae por su propio peso”.
-¿Qué pasó con el catalogo de prestaciones y servicios?
“Está empantanado, se intentó llevar a votación en el Consejo General de Servicios Sociales y sabían perfectamente que iba a decaer su aprobación, así que han dado otro plazo hasta septiembre para ni siquiera hacer nuevas aportaciones sino reformulaciones a sus aportaciones. El catálogo, tal y como se ha llevado desde el principio, ha sido un fracaso, en su elaboración, en su participación y en los espacios para poder trabajar el documento. No ha sido participativo, por mucho que presuman y quieran confundir a la gente con que asistir a reuniones es participar, cuando no dejaban hablar, y, por otra parte, contravenía la propia Ley de Servicios Sociales o la Ley de Dependencia al erradicar categorías profesionales en cada servicio, desmantelando los servicios públicos que ya teníamos, confundía competencias de administraciones insulares y locales con las del Gobierno de Canarias, etc. Era un desastre, eso no era un catálogo era el descatálogo de los Servicios Sociales. Lamentablemente no se dejaron asesorar; cuando las entidades les dijimos que no podíamos soportar ese catálogo, respondieron que preferíamos quedarnos más tiempo sin catálogo que aprobar el que querían imponernos, y nos tacharon de irresponsables. Es el mundo al revés, un catálogo no consensuado, no trabajado, carente de contenido, con vicios de competencias y que incurre en ilegalidades”.
-¿Qué le parece el informe de la Diputación del Común sobre Dependencia y Discapacidad?
“En primer lugar, vemos una Diputación del Común bastante renovada, se nota que hay un trabajo espectacular y que es la mejor que hemos tenido hasta ahora. Vamos a echar de menos a Rafael Yanes y su equipo, va a ser muy difícil superar este umbral. La Diputación del Común hace una aportación a la verdad y bastante notorio. La realidad de esos datos es que siguen empeorando. En el trabajo además expone una cosa que no se había expresado nunca y es la parte humana que se esconde detrás de los datos de la dependencia. Hay que hablar no de expedientes sino de personas que están sufriendo y están falleciendo cada dos horas esperando una solución”.
-¿Qué pudo faltar?
“Lamento que no se mencione, porque está evaluando hasta diciembre de 2021, la actual etapa. Existe un abaratamiento y precarización del sistema público de la dependencia, donde se intenta confundir a la gente con números de altas de resoluciones de prestaciones que son precarias (de 350 euros).
-¿Están dando la solución más fácil, dar una paga, y no resolver los problemas estructurales por falta de tiempo?
“Creemos que están viendo a la Dependencia como la política de la dádiva, de la caridad y de la limosna. La administración paternalista da un dinero para que comas un par de días, eso es la política de la pobreza. Lo que hay que hacer en Dependencia es un refortalecimiento de los servicios, prestar más apoyo a las cuidadoras (en su mayoría familiares), el aumento de las prestaciones de servicio, compatibilizar prestaciones y la regulación de leyes de protección al cuidado, así como buscar más servicios, apoyar propuestas de las entidades sociales que ya están prestando esos servicios, buscar la forma de aumentar las plantillas sin vulnerar sus derechos laborales. Pero ya en año electoral el PSOE busca que los datos sean diferentes, porque ahora no esta Podemos al frente de la Dirección General, se han perdido tres años por un incompetente manifiesto”.
-¿Entonces las más de 1.000 altas mensuales en el sistema de dependencia no sirven?
“Es una forma de condenar a morir sin recibir una prestación de servicios a la gente. Les están dando una prestación económica abaratada, pero lo que esa gente necesita mayormente son prestaciones vinculadas a servicios, que vienen reguladas en la Ley de Dependencia y que son las que están dejando morir. Esas prestaciones de servicio pueden llegarles al demandante a través de una entidad social o directamente de un servicio público, si lo tuviéramos. Varios ayuntamientos de Gran Canaria han hecho una empresa pública para dar esos servicios. El problema es que saben que es más difícil de rastrear los datos de personas cuando les resuelvo prestaciones económicas, esa gente vuelve otra vez al círculo administrativo de la dependencia y, por tanto, morirán antes de que se les resuelva el servicio”.
-¿Cómo se pueden resolver estos problemas generados?
“Entendemos que es posible revertir la situación. Estamos a tiempo y podemos hacerlo a través de una reconversión del modelo económico en una economía de los cuidados y que se invierta más en el sistema público de los servicios sociales, con la creación de estructuras sólidas, con comunicaciones efectivas entre las administraciones, compatibilizando prestaciones y no ser tan restrictivos con la burocracia, porque hay que cambiar ese instrumento cuando es tan complejo como para dejar siempre gente atrás. Los Derechos Sociales tienen que verse como una inversión a la sociedad, como la Educación y la Sanidad, no como un gasto. Por primera vez se están movilizando las entidades, colegios profesionales y todo el sector social porque hemos entendido que somos las que atendemos a las personas, debemos reclamar su importancia y no permitiremos que vuelvan a abaratarse ni nos apretaremos otra vez el cinturón, por todo esto hemos decidido movilizarnos”.
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