Hasta hace menos de 48 horas, Víctor era un joven ingeniero de Murcia que permanecía bajo el completo anonimato. Hacía una vida normal junto a su mujer y sus dos hijas, trabajaba en su propia empresa, dedicada al sector del motor, y no se metía con nadie. Sin embargo, durante la mañana del lunes, el joven pasó a ocupar las portadas de todos los medios digitales, convirtiéndose en el gran ‘héroe antiokupa’ tras lograr desalojar de su vivienda a una familia que se había instalado aprovechando la ausencia de los propietarios. En el vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales y ha sido difundido de forma masiva, puede verse al joven irrumpiendo en el domicilio junto a dos amigos, armados con barras de hierro y objetos punzantes, para echar a los okupas.
EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con él para conocer su historia y saber qué le llevó a actuar de esta forma. En conversaciones con este periódico, el joven, sin ningún tipo de miramiento, criticaba de forma clara y sin tapujos el marco jurídico español en lo relativo a los temas de okupación. “No puede ser que el propietario de una vivienda tenga menos derechos que un okupa: eso solo pasa en España”, explicaba. Sin embargo, todo quedó en un susto, ya que, a pesar del mal trago vivido durante las 24 horas que permanecieron los okupas en su domicilio, finalmente, el ingeniero logró su principal deseo: recuperar su vivienda.
Pero, aunque parezca difícil creerlo, Víctor podría enfrentarse a penas de multa — e incluso prisión — por su “heroica” actuación. A pesar de ser el propietario de la vivienda, no seguir con el procedimiento jurídico establecido, que en muchas ocasiones suele ser lento, podría ser considerado un acto delictivo. Así lo explica a este medio la abogada penalista de CECA MAGÁN abogados Rocío Gil, que asegura que “las personas que exigen justicia de forma individual y prescindiendo de los cauces legales y judiciales previstos podrían estar actuando de forma delictiva”.
En el caso de Víctor, tanto él como los dos amigos que le acompañaron a desalojar a los okupas podrían responder ante la Justicia por un delito de realización arbitraria del derecho, tipificado en el artículo 455 del Código Penal. Este artículo castiga a “el que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia o intimidación”. En este caso, los castigos para este tipo de delitos serían penas de multa de seis a doce meses.
“El propietario respondería como autor del delito, y los demás partícipes que cooperan en la expulsión de los okupas, podrían ser denunciados como coautores o cómplices de conformidad con el artículo 28 del mismo cuerpo normativo”, explica la letrada Rocío Gil. Para no ser acusado de este delito, Víctor debería haber ejercitado acciones penales por la comisión de un delito de allanamiento de morada o usurpación, en vez de tomarse la justicia “por su propia mano”.
Pero además, a la actuación de Víctor hay que añadirle la presencia de las barras de hierro y los objetos punzantes en el momento del desalojo. Por esta presencia de objetos considerados como “peligrosos”, entre los que se encuentran “un arma de fuego, un arma blanca, por ejemplo, un bate de béisbol o una barra de hierro”, la comisión del mismo delito -el delito de realización arbitraria del derecho– podría ser penada con la multa de mayor cuantía. Por ello, podrían ser castigados con penas de multa de doce a dieciocho meses por llevar a cabo la acción portando este tipo de objetos.
Presuntas coacciones
Los tres amigos podrían responder también por un delito de coacciones al “compelir [a los okupas] a efectuar lo que no quieren, sea justo o no”. En este caso, según el Código Penal, los autores del delito podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y tres años o a multas de 12 a 24 meses.
Cabe destacar que, aunque no parece que hayan concurrido otros delitos de lesiones o de amenazas, los ‘héroes antiokupas de Murcia’ podrían verse obligados a responder a estos delitos si se probase que hubieran tenido lugar. Los okupas, por su parte, también tienen sus derechos. La familia que se instaló en la vivienda de Víctor podría interponer una denuncia o querella contra el propietario por los delitos mencionados anteriormente. Sin embargo, a pesar de que decidieran actuar de la mano de la Justicia, la denuncia no conllevaría que fueran legitimados a recuperar la posesión de la vivienda que habían ocupado.
La experiencia de Víctor
No es la primera vez que Víctor se convierte en víctima de la okupación. Tal y como él mismo contó a este periódico, su familia estuvo involucrada de lleno en un caso de ‘desokupación’ por el que tuvieron que utilizar todas las medidas legales posibles hasta conseguir, cinco años después, sacar a los okupas de la vivienda.
“Soportamos cuatro juicios, pusimos más de veinte denuncias y recursos, nos gastamos incontables euros en abogados y procuradores, mientras que los okupas no sufrieron nada, destrozaron la propiedad, arrancaron rejas y enchufes, rompieron paredes, incluso picaron la bañera”, según contaba a EL ESPAÑOL.
Por ello, aunque era consciente de las consecuencias legales que podría acarrear su decisión, Víctor no dudó en actuar. “Aquella odisea que sufrieron mis padres acabó este año, al tener en mente esas imágenes, la de mi hipoteca [380.000 euros] y la de mi mujer llorando: sabía perfectamente que este domingo los okupas iban a salir de mi propiedad”, añadía.
Su chalet es fruto de su trabajo durante años y se siente orgulloso de ello. Hace unos años, Víctor se lanzó a la aventura de montar un taller especializado en BMW. Por ello, asegura que nadie le ha regalado nada y que no era capaz de permitir que se aprovecharan de todo su esfuerzo durante años. “Cuanto más tiempo pasa, le das más derechos a los okupas, y es más difícil sacarlos”.
Sin embargo, a pesar de actuar “en caliente”, el murciano reconoce que su forma de actuar no fue la más ejemplar. “No defiendo la forma en la que recuperé mi propiedad, pero no estaba dispuesto a asumir un proceso de desocupación porque otra persona rompa el candado de mi casa”, explicaba siendo consciente de la presencia de los menores en el momento de la desocupación exprés.
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