Domínguez dice que el “estafado” en el caso mascarillas es el Gobierno canario

Domínguez dice que el "estafado" en el caso mascarillas es el Gobierno canario

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha declarado este jueves ante el juez del Juzgado de Instrucción Nº7 de Las Palmas de Gran Canaria por el llamado ‘caso mascarillas’, que investiga la compra de un millón de tapabocas por 4 millones de euros durante la pandemia del COVID-19, que nunca se entregaron al Gobierno regional, apuntando que aquí el “estafado” es el Ejecutivo canario.

Domínguez que no ha querido prestar declaraciones a los periodistas a su entrada a los juzgados, sí que ha asegurado a la salida que ha respondido todas las preguntas de todas las partes para intentar aclarar que tanto el SCS como él mismo han actuado bajo la legislación vigente en ese momento.

“He respondido a las preguntas de todas las partes y he intentado aclarar que el SCS y yo en particular siempre he actuado bajo la legislación vigente. He intentado aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con las mascarillas que se adquirieron y su utilidad”, apostilló para agregar que el interés del SCS “fue, es y seguirá siendo recuperar para las arcas públicas esos 4 millones de euros”.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Canarias “es el estafado aquí y tiene que recuperar esos recursos” para lo que la Agencia Tributaria Canaria “trabaja con todos sus medios” para poder recuperar los 4 millones de euros.

Además de Domínguez este jueves deberá comparecer ante el magistrado el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco González, a quien presuntamente se le entregó el dinero por adelantado para que adquiriera las mascarillas.

En este sentido, el pasado mes de julio, el Juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del SCS, la directora general de Recursos Económicos del SCS –que ya declaró el pasado martes– y el administrador de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que incluso se ha personado en el caso, indicó en su momento que no cejará en su empeño para recuperar los 4 millones abonados a la empresa y que permanece atento a la evolución judicial del ‘Caso mascarillas’.

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