Lejos de proceder como si se tratara de un mero trámite, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, aprovechó ayer la tradicional ceremonia de apertura del año judicial 2022-23 en las Islas para pronunciar un contundente discurso, en el que no solo denunció la mala imagen que se está dando de la Justicia en general a la ciudadanía, sino que además concretó los graves efectos que el actual bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) provoca en el Archipiélago, dado que la imposibilidad de cubrir vacantes no solo afecta a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lleva más de un año a la espera de que se designe a su nuevo presidente, sino que la propia Sala del Gobierno del TSJC ahora mismo tiene que funcionar con solo tres de los siete miembros que la componen.
Todo ello lo resumió con este razonamiento: la “injustificada” imagen negativa que el ciudadano tiene sobre la Justicia y su independencia puede llevar “a la huida de la ley, que es tanto como la quiebra del Estado de Derecho”.
En su alocución durante el acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Lorenzo Bragado no dudó en pedir “sensatez” a las fuerzas políticas en relación a la “inaplazable renovación” del CGPJ y también “al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho”.
A este respecto, el presidente del TSJC llamó la atención sobre la radical diferencia entre la opinión sobre el funcionamiento del servicio público de la Justicia, dado que una reciente encuesta asevera que el 77% de los ciudadanos cree que el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, mientras que el 99% de los magistrados se siente “totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. ¿Qué pone de manifiesto esta discordancia?”, se preguntó el magistrado. “A mi juicio, evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales”, expuso.
Si finalmente, como se ha dicho, se impone la sensatez que reclama, Lorenzo Bragado sostiene que “solo así volverá la confianza de los ciudadanos en la Justicia, piedra angular del sistema democrático”, aseveró.
Lejos de limitarse a una reflexión general, este magistrado puso el dedo en la llaga al desvelar cómo la situación descrita golpea con dureza al funcionamiento de la Justicia en Canarias. No en balde, recordó que “trasciende de un mero problema gubernativo y ya afecta al buen funcionamiento de los órganos judiciales isleños en el ámbito jurisdiccional, pues actualmente cuatro de sus órganos clave, como son las dos salas provinciales de lo Social del TSJC, la sede de Las Palmas de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Cabe recordar que la citada Audiencia provincial sigue sin nuevo presidente, pese a que su anterior titular, Joaquín Astor Landete, renunció al cargo en junio del año pasado.
Bragado recordó, además, que los datos estadísticos siguen señalando a Canarias como el territorio donde más se litiga del Estado (171 pleitos por cada 1.000 habitantes en 2021, casi 39 puntos por encima de la media nacional), si bien “la buena noticia” es que durante el primer trimestre de 2022 se registró una disminución del 23% en los asuntos penales en las Islas.
Seguimiento a los juzgados más colapsados, como los de Granadilla
El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, recordó ayer que durante el curso 2021-22 la Sala de Gobierno adoptó 395 acuerdos y enumeró, entre los objetivos para el presente año, continuar el seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales del Archipiélago, “con especial énfasis en los más colapsados” (en este sentido, apuntó a Granadilla de Abona y a San Bartolomé de Tirajana); contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico; seguir impulsando medios alternativos de solución de conflictos, o desarrollar el plan de inspección.
