El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, defendió ayer la actuación de la Corporación insular y su agilidad durante todo el proceso relativo a las obras del proyecto Cuna del Alma en el Puertito de Adeje. Avisó de que paralizar por completo los trabajos, por parte del Cabildo, “sería prevaricación, si no dispongo de los informes oportunos”, y apuntó que es la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias la que ahora tiene que pronunciarse, tras abrir expediente sancionador a la empresa por destrucción de un yacimiento arqueológico con propuesta de sanción de hasta 600.000 euros, sobre si mantiene la paralización cautelar de las obras que hay en la zona del yacimiento.
Así se manifestó el presidente insular durante una comparecencia en el Pleno de ayer, a solicitud de Sí Podemos Canarias, y que, antes de iniciarse, fue interrumpida por tres de las activistas en contra de la obra en el Puertito de Adeje, quienes solicitaron intervenir. “No tenemos inconveniente en escucharlas al acabar el Pleno, pero ahora no es el procedimiento”, respondió Pedro Martín. Tras un tira y afloja, lograron acordar que después de la comparecencia se haría un receso para que las activistas expusieran su posición a los grupos del Pleno, como así fue, reuniéndose, además, de forma privada con Pedro Martín.
El presidente insular comenzó explicando los procedimientos administrativos e informes elaborados por el Cabildo, y defendió que “desde el momento que tuvimos conocimiento por una denuncia de que podía haber un atentado patrimonial actuamos de forma inmediata, y se paralizó de forma cautelar allí donde indicaban los técnicos y los informes, y seguimos manteniendo la paralización en ese ámbito”. Asimismo, apuntó que debe ser la Dirección General de Patrimonio del Gobierno la que responda sobre si se mantiene la paralización en esa zona o no, o si la extiende a todo el ámbito, lo que no ha hecho, y recordó a Sí Podemos Canarias que la directora general es de su partido.
En esta línea, el consejero socialista Javier Rodríguez insistió en que “administrativamente no hay nada que permita la paralización de las obras, y en caso de hacerlo se estaría prevaricando”.
Mientras, la portavoz de Sí Podemos Canarias, María José Belda, denunció que “se ha ocultado el valor patrimonial de la zona en la fase de redacción del documento de planeamiento y proyecto de urbanización con la finalidad de burlar el control del Cabildo y el Gobierno”, entre otras irregularidades. Por lo que consideró que “desde este Cabildo se tiene que solicitar un informe a su asesoría jurídica acerca de la responsabilidad penal en la que pudieron incurrir las personas autoras durante el transcurso de las obras, a fin de que, en su caso, se persigan judicialmente”. También solicitó que “se inste al Ayuntamiento de Adeje para que lleve a cabo la revisión de oficio del acuerdo de modificación puntual del PGO en el Puertito de Adeje”, a la vista de las irregularidades, “acordando la suspensión de las obras como medida cautelar”.
Estas peticiones se recogían en una moción presentada por Sí Podemos Canarias y que terminaron decidiendo retirar durante su debate.
Informe jurídico
Pedro Martín respondió que “apoyamos que se pida cualquier informe a asesoría jurídica sobre cualquier tipo de responsabilidad, si usted plantea que puede haber responsabilidades penales, en las competencias que le corresponde al Cabildo, no dude que lo haremos”; aunque indicó que, en cuanto a la suspensión de las obras como medida cautelar, “a mí en este asunto me faltaría un informe jurídico” y aportar más datos fundamentados.
Mientras, desde Ciudadanos, Enrique Arriaga defendió que “todos queremos preservar nuestro medioambiente y patrimonio cultural, pero también tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental: la seguridad jurídica”.
Desde el PP, Zaida González recordó que, a día de hoy, las obras están autorizadas en un 98% de su espacio y que la suspensión solo afecta a un 2%, donde está el yacimiento. La consejera pidió claridad al presidente insular sobre la defensa de los informes del Cabildo y su actuación, para aportar seguridad jurídica. Asimismo, desde CC, Carlos Alonso indicó que si en las obras ha habido “daños” al patrimonio se debe actuar en consecuencia, también porque demuestra “seguridad jurídica”.
Todos los grupos coincidieron en hacer una condena al uso de la violencia.
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