El Consejo de Gobierno celebrado este jueves en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado abrir el proceso de gestión de ayudas a los afectados por el reciente paso cerca de las islas del ciclón tropical Hermine, que obligó a decretar la alerta máxima en el Archipiélago desde las 00.00 horas del pasado sábado 24 de septiembre a las 12.00 del lunes 26 de ese mes.
A propuesta del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con este paso se encomienda a las consejerías regionales competentes, en coordinación con las administraciones locales afectadas, a articular las medidas y compensaciones precisas, siempre compatibles y complementarias con las que hayan fijado o establezcan en el futuro otras instituciones públicas.
Para ello, se propone también que se tengan en cuenta y se apliquen las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.
Este ciclón causó daños por lluvias abundantes, viento e inundaciones y trajo consigo desprendimientos y cierres de vías, sobre todo en zonas urbanas, aparte de cortes de luz.
Aunque en su mayoría fueron afecciones poco graves o leves, hubo daños más cuantiosos en municipios como La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha señalado el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.
En esta localidad, el agua acumulada desbordó varios barranquillos y provocó destrozos en vehículos, viviendas, mobiliario urbano, infraestructura pública e incluso en la red de abasto.
Además, dos de las tres carreteras que conectan el municipio con el exterior fueron cortadas, tanto por el norte como por el centro, lo que agravó la lejanía, singularidades y reducida conectividad de esta localidad.
Las afecciones no se limitaron a la red de agua y alcantarillado, sino a la propia planta desaladora local, en la que se tuvo que trabajar durante días para su total recuperación y poder garantizar el servicio adecuado.
También se vieron perjudicadas viviendas del barrio de Barranco Santo, que debieron ser limpiadas a fondo, y dos explotaciones ganaderas, cuyos accesos quedaron bloqueados por la acumulación de piedras. Asimismo, la crecida del barranco afectó a la carretera de Tarahalillo.
El Gobierno de Canarias entiende que los daños ocasionados obligan a aplicar el principio constitucional de solidaridad y, por eso, se activa este proceso para reparar y paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas y daños producidos, de manera que las zonas afectadas recuperen cuanto antes la normalidad.
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