La compañía de Donald Trump ha sido demandada por fraude de 250 millones de dólares en Nueva York después de 3 semanas en las que el magnate trató de eludir la fatídica carta de 220 páginas con la orden judicial que finalmente llegó por correo electrónico, poniendo fin a las maniobras de evasión de los abogados del magnate. Ahora, Allen Weisselberg, quien se declaró culpable en agosto de dirigir un fraude de evasión de impuestos durante años, exdirector financiero de la Organización Trump, está dispuesto a testificar en el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump que comienza mañana en Nueva York, la primera vez que las empresas de Trump enfrentan procesos penales, en la nueva pesadilla antes de Halloween para la millonaria familia del expresidente.
La demanda acusa a la Organización Trump de una década de exageraciones fraudulentas del valor de la empresa y busca prohibir que los Trump hagan negocios en Nueva York en el futuro. El juez, Arthur Engoron, juez de la Corte Suprema de Nueva York, fijó el 31 de octubre como fecha para los argumentos orales en la próxima disputa de la demanda, mañana comienza la elección del jurado.
¿Truco o trato?
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo esta semana que la compañía de la familia de Donald Trump creó una nueva entidad, “Trump Organization II LLC”, en un posible nuevo truco para deshacerse de activos antes de que comience el juicio. La Organización Trump II se registró en el estado de Nueva York el 21 de septiembre, el mismo día que la fiscal acusaba a la Organización, a Donald Trump y a tres de sus hijos adultos de sobrevaluar sus activos inmobiliarios y el patrimonio neto de Trump. La compañía recién formada fue registrada por una entidad de Delaware llamada The Trump Organization LLC, que a su vez se formó el 15 de septiembre.
La fiscal está solicitando a un tribunal neoyorquino en Manhattan que designe un monitor independiente para supervisar la empresa y asegurarse de que la Organización Trump no se deshaga de los activos sin la aprobación del tribunal y proporcione estados financieros claros y honestos a terceros.
Trump ha negado haber actuado mal y calificó el caso, como de costumbre, de caza de brujas por motivos políticos. La demanda acusa a la Organización de confabulación para inducir de manera fraudulenta a los bancos a prestar dinero a un precio más bajo, persuadir a las aseguradoras para que brinden cobertura con límites más altos a primas más bajas y obtener beneficios fiscales, y que la empresa continúa usando prácticas inapropiadas.
“Cualquiera en mi posición”
La fiscal James ha investigado durante más de tres años a la Organización Trump administradora de hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias internacionales, ganando la batalla judicial contenciosa para lograr que Trump se presentara para testificar. El expresidente se negó a responder preguntas durante una entrevista en la oficina de James el 10 de agosto, citando su derecho constitucional contra la autoincriminación al acogerse a la quinta enmienda de la Constitución 440 veces en un espacio de cuatro horas. El exmandatario se defendió diciendo que “Cualquiera en mi posición que no aceptara la Quinta Enmienda sería un tonto, un completo tonto”, pese a que en sus campañas políticas ha repetido hasta el cansancio que solo los culpables se refugian en el derecho a no incriminarse, reglas que aparentemente son aplicables a todos, menos a él. Sin embargo, los jurados podrían tener en cuenta su silencio. Políticamente, también podría dar municiones a los adversarios sobre si Trump tiene algo que ocultar si decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.
Objetivo del juicio
La fiscal Letitia James busca despojar a los Trump del poder en su empresa, prohibir a Trump y a los tres hijos adultos nombrados en el caso de servir como funcionarios o directores corporativos en Nueva York, y recuperar al menos 250 millones dólares de supuestas ganancias indebidas. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó por separado a la Organización Trump de fraude fiscal criminal del que la empresa se ha declarado inocente.
El ignorante ejecutivo
Donald Trump Jr., alto ejecutivo de Trump Organization, dijo a los investigadores de Nueva York que estaba no está involucrado en la preparación de los estados financieros de la compañía de bienes raíces y que su conocimiento de las reglas contables se limita a un curso universitario, según la prensa estadounidense, y que firmó su nombre en certificaciones bancarias y estados financieros solo después de consultar con los expertos de los departamentos de contabilidad y legal, agregando que una vez que su padre se convirtió en presidente, no hablaron de los negocios de la Organización Trump. Trump Jr. respondió todas las preguntas. Ivanka Trump también respondió preguntas cuando testificó, pero no se hizo público ningún extracto de su testimonio.
Trump no consigue el cambio de juez
Los Trump querían desesperadamente que se les asignara un nuevo juez, pero en un nuevo revés para la familia, la magistratura se negó.
Donald Trump y sus dos hijos mayores perdieron su batalla esta semana en su esfuerzo legal para cambiar a los jueces en la demanda por fraude y ahora permanecerá en la sala del tribunal del mismo juez de Manhattan que una vez declaró en desacato al expresidente y lo multó con 110.000 dólares. El juez de la Corte Suprema estatal, Arthur Engoron, ha presidido durante los dos años de disputas legales en el período previo a la demanda en los que la fiscal luchaba a brazo partido con los abogados de Trump para obtener los documentos comerciales y las declaraciones que necesitaba para la investigación. Durante las audiencias de los últimos meses, la abogada de Trump, Alina Habba, se ha peleado abiertamente con el juez hasta el punto de que en una ocasión su asistente legal le advirtió que dejara de interrumpir al juez. Los abogados de Trump se amparan en las discusiones con el magistrado para insinuar que el juez no es imparcial, pero en su decisión, el superior del juez Engoron, el magistrado Adam Silvera, dictaminó que Engoron también debería presidir la demanda. Por su parte, la fiscalía argumentó que mover las salas de los tribunales solo retrasaría las cosas al “requerir que otro juez desarrolle el nivel de familiaridad que el juez Engoron ya ha desarrollado durante varios años”.
El papel de Weisselberg
Weisselberg, de 75 años, se declaró culpable en agosto de 15 cargos vinculado al presunto escándalo de fraude de la organización y debe testificar en el juicio penal como parte de un acuerdo para reducir su pena. Los fiscales dicen que el caso se centra en lo que describen como una defraudación fiscal de 15 años que involucra beneficios no gravados como coches y apartamentos de lujo para ejecutivos de la compañía, incluido Weisselberg, quien ha sido señalado como el eje de la operación de evasión fiscal. Weisselberg comenzó a trabajar en la Organización Trump en 1973 y antes de ascender a director financiero fue contable. Weisselberg se encontraba entre un grupo de ejecutivos que “recibieron una parte sustancial de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos”, según una acusación presentada el 1 de julio de 2021.
Weisselberg, que será juzgado junto con la entidad corporativa llegó a un acuerdo para recibir una sentencia de cinco meses de cárcel si testifica contra la empresa, en lugar de los 15 años de prisión que le caerían de no cooperar, sin embargo, el acuerdo limita el alcance de su testimonio y solo debe testificar sobre su propia conducta delictiva pudiendo evitar hablar de Trump directamente.
Se alega que la compañía, bajo la supervisión de Weisselberg, mantuvo una doble contabilidad para ocultar los beneficios que él y otros recibieron como compensación. Personalmente, Weisselberg habría defraudado 900.000 dólares en impuestos.
La parte restante de la investigación penal del fiscal de distrito, que no se tratará directamente en el juicio que comienza mañana, se centra en la supuesta práctica de Trump de jugar con el valor de sus activos para engañar a los prestamistas y obtener condiciones de préstamo más favorables mediante el uso de cifras manipuladas que fueron documentados en estados financieros anuales que revelan un desglose de la riqueza personal de Trump.
El proceso criminal está pendiente
Trump no está acusado personalmente y los investigadores del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, aún no han concluido la parte de la investigación por la que Donald Trump podría enfrentar cargos penales.
Bragg ha prometido anunciar los resultados de las partes restantes de la investigación del expresidente cuando finalice, pero hasta ahora, los únicos cargos presentados han sido contra su Organización, la subsidiaria Trump Payroll Corporation y su director financiero Allen Weisselberg.
