¿Los acuerdos hispanomarroquíes y Canarias?

Han pasado ya cinco meses desde que se firmaron en Rabat los acuerdos entre Mohamed VI y Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno de España reconociera la autonomía marroquí para el Sahara Occidental como “la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”. Una ambición del rey de Marruecos que cobró fuerza internacional con la ocurrencia de Donald Trump en las postrimerías de su presidencia un 12 de diciembre de 2020. Entre esos acuerdos firmados en la capital marroquí, el último de ellos se comprometía a designar un comité encargado de la puesta en práctica de tal declaración en un plazo de tres meses.

Los asuntos que concernían a Canarias en esa hoja de ruta, tal como fue denominada por los firmantes, tenían que ver con la inmigración (que durante este año de 2022, a fecha 15 de agosto, había sufrido un aumento de 25’8 % con respecto a 2021, cifras de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), con la delimitación de las aguas canarias (no tenemos noticia de que los expertos designados por el Gobierno de Canarias se hayan reunido una sola vez), con posibles conexiones marítimas (la siempre pendiente línea Tarfaya-Puerto del Rosario), con asuntos vinculados a la cooperación económica, comercial, energética, industrial y cultural, entre otros. Y en cuanto a España y Europa, les correspondía corresponzabilizarse de los menores no acompañados que siguen a cargo de nuestra Comunidad. Los canarios ni hemos estado en tal comité encargado de la puesta en práctica de esa declaración, ni hemos estado en la comisión negociadora sobre inmigración y tampoco hemos estado en la comisión negociadora de la delimitación de aguas oceánicas. Ni sabemos nada de la puesta en práctica de otro tipo de acuerdos.

Pedro Sánchez ha firmado unos convenios con un rey que no está en su reino, que ignora el derecho internacional y le obliga a ignorarlo al presidente del Gobierno de España y a sus avatares posteriores, Zapatero, Bono, López Aguilar…

Veinticuatro horas después de que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (con sede en Arusha, Tanzania) emitiera en la mañana del pasado 22 de septiembre el veredicto del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, un derecho que constituye una ley vinculante para todos los países y es considerada una de las normas imperativas del derecho internacional que no puede ser violada, aclarando, además, sin ningún tipo de dudas la responsabilidad de los estados miembros de la Carta Africana de Derechos Humanos y de todos los estados miembros de la Unión Africana de hacer todo lo que ayude al pueblo saharaui en la consecución de su autodeterminación, y destacando que Marruecos es una potencia ocupante y que la cuestión del Sahara Occidental es una estricta cuestión de descolonización de acuerdo con el derecho internacional, veinticuatro horas después de emitido ese veredicto en Tanzania, en Las Palmas de Gran Canaria, José Luis Rodríguez Zapatero -antes de participar en la mascarada descubierta por el mismo CNI español y bautizada como I Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad en el Sahara Occidental-, que lo mismo defiende a Maduro que apoya una ocurrencia de Donald Trump con respecto al Sahara, consideraba valiente y acertada la apuesta de Pedro Sánchez de respaldar fraudulentamente la neocolonización marroquí del Sahara Occidental contra todas las resoluciones de la ONU y contra todos los tribunales internacionales, a los que desde el 22 de septiembre se une ahora la Corte Africana de Derechos Humanos de una manera inequívoca, como antes lo hicieron el Tribunal de La Haya de Naciones Unidas, o el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea.

Y ese mismo día 22 de septiembre, en un ejercicio de contradicción disparatado, Pedro Sánchez, en la asamblea general de la ONU y con representantes marroquíes presentes, obvió cualquier referencia al acuerdo alcanzado a principios de año con el rey de Marruecos y volvió a la posición tradicional de España en este asunto: la resolución del conflicto del Sahara Occidental en el marco de las resoluciones de la ONU.

Ni freno a la inmigración ni delimitación de las aguas comunes canariomarroquíes, ni solución a los problemas de los menores no acompañados, e imposición improvisada de reapertura de centros de retención como Las Canteras y Las Raíces, imposición denunciada por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Todo sucede como si nada tuviera que ver con nosotros.

Ya es hora de que nos pongamos en nuestro sitio en un doble sentido, estatutario y geográfico, y defendamos nuestra posición en el mapa. Está claro que el actual gobierno de España, su presidente, ni respeta las leyes internacionales en lo referente al Sáhara, ni respeta las leyes estatales cuando se trata de nuestro REF, por poner un ejemplo cercano y casero.