justicia y tribunales

El rastro de los 136 millones ‘volatilizados’ en el sur de Tenerife se pierde en paraísos fiscales

Una maraña de empresas ‘offshore’, la mayoría de las Islas Vírgenes Británicas, recibió los fondos de las sociedades ahora quebradas
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El rastro de los aproximadamente 136 millones de euros que se teme se han volatilizado en un nuevo escándalo relacionado con un negocio de multipropiedad de inmuebles para uso turístico a tiempo compartido (en inglés, time sharing) en el sur de Tenerife se pierde en la maraña que supone un centenar de empresas creadas presuntamente a tal fin en paraísos fiscales, especialmente en las Islas Vírgenes Británicas. Así lo avanzó ayer Canarias Ahora acerca de este pufo financiero que, un lustro después de las primeras reclamaciones presentadas por los afectados, ha sido noticia esta semana con la declaración de quiebra por parte de las dos sociedades que figuraban al frente de las mismas.


De la notable envergadura del tema que nos ocupa no solo da constancia la cantidad económica mencionada, sino que se estima que son algo más de 1.500 las personas perjudicadas, la gran mayoría turistas de origen británico y alemán.


Explica dicho digital que los complejos turísticos de multipropiedad que la empresa Silverpoint Vacations tiene en el Sur constituyen la principal fuente de ingresos del aludido entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales, así como que un procedimiento de liquidación en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York ha destapado la existencia de un extenso grupo corporativo con más de cien entidades de 16 jurisdicciones diferentes. Gran parte de ellas, incluidas las situadas en la parte superior de la estructura, están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales centros internacionales de empresas offshore.


Silverpoint Vacations, que dispone de cuatro clubes en el Sur (Beverly Hills Club, Hollywood Mirage Club, Beverly High Club y Club Paramount), está siendo en la actualidad investigada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife a raíz de una denuncia presentada por el bufete Canarian Legal Alliance.

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