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Las manos que mecen la Cuna en Adeje

Medio año después de la colocación de la primera piedra, el proyecto hotelero del Puertito ha encallado en la orilla del Gobierno y ha desatado una intensa polémica social e institucional
Ordenan la suspensión total de las obras de Cuna del Alma
Foto: Fran Pallero

Ninguno de los asistentes al acto de colocación de la primera piedra de la urbanización Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, el pasado 5 de mayo imaginaba la tormenta que se avecinaba sobre un proyecto hotelero de 350 millones de inversión para edificar 420 unidades alojativas con capacidad para 1.800 camas. Más de seis meses después, las obras han encallado en la orilla de la Consejería de Transición Ecológica después de dos órdenes de paralización y la apertura de dos expedientes sancionadores, uno de ellos de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La primera orden llegó a finales de mayo tras la denuncia presentada desde la asociación Tegüico ante el Cabildo por la destrucción de restos arqueológicos, lo que llevó a la administración insular, tras los pertinentes estudios técnicos, a paralizar los trabajos (primero provisionalmente y después de forma definitiva) en el 2% del terreno. Posteriormente, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, después de confirmar la afectación sobre grabados y restos arqueológicos, abrió un expediente y propuso una sanción de 600.000 euros, cuantía prevista para las infracciones muy graves, a la promotora Segunda Casa Adeje S.L.

La segunda notificación de paralización, en este caso para toda la obra, la dictó la Consejería de Transición Ecológica a principios de noviembre después de la denuncia interpuesta por la plataforma Salvar La Tejita por daño ambiental sobre la flora silvestre protegida del lugar. Poco después, el departamento que dirige José Antonio Valbuena ordenó la detención cautelar de las obras por “amenaza inminente” sobre una población de viborina triste en el ámbito donde trabajaban las excavadoras. Según informó la Consejería, la especie cuenta con la categoría de Protección Especial en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

La promotora anunció entonces el estudio de acciones judiciales, al considerar que dispone de “todas las licencias urbanísticas y medioambientales necesarias por parte de las administraciones competentes”. Además, argumentó que la Viborina triste no estaba incluida en la Memoria Ambiental aprobada por el Gobierno de Canarias como parte de la Declaración de Impacto Ambiental porque no había en 2018.

El 23 de noviembre, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que depende de la Consejería de Transición Ecológica, informó de la apertura de un expediente sancionador a la promotora por carecer el proyecto del informe de impacto ambiental, considerado una infracción administrativa grave. Se propuso una sanción de 110.000 euros y se decretó la paralización cautelar de las obras, ya efectiva a raíz del episodio de la viborina triste.

El Ayuntamiento de Adeje considera que no es necesario un estudio de impacto ambiental estratégico en el proyecto de urbanización autorizado (construcción de viales), ya que la modificación del planeamiento municipal en el ámbito del Puertito de Adeje, aprobada en septiembre de 2014, ya dispuso de esta herramienta, avalada por la Cotmac en 2018. En dicho estudio ya se recogían todas las especies protegidas, según el Consistorio, y cómo actuar en el caso de que se produjera “alguna incidencia”, como ha ocurrido con la viborina triste.

La promotora del proyecto turístico reaccionó al anuncio del Gobierno de Canarias través de un comunicado en el que aseguraba “sentirse perseguida administrativamente por la Consejería sin posibilidad de defensa”. Además, recordó que seguía a la espera de recibir respuesta desde Transición Ecológica a una solicitud de informe presentada hacía nueve meses, mientras “en pocas semanas, la Consejería ha emitido tres resoluciones al proyecto”.

La paralización del proyecto ha provocado un conflicto en un sector del PSOE tinerfeño, con un enfrentamiento abierto entre José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, y José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica. El primero cuenta con el apoyo del sector empresarial hotelero, que ha advertido de la inseguridad jurídica que genera la actual situación, y el segundo, con el respaldo de organizaciones y colectivos ecologistas, que confían que el proyecto finalmente no se ejecute.

A lo largo de este medio año largo se han vivido momentos de tensión entre los representantes de la empresa y los activistas acampados en los terrenos de la obra. El punto crítico se alcanzó el 26 de septiembre, con la retirada de una excavadora en la zona ocupada por los opositores al proyecto, que generó un altercado que se trasladó a las oficinas ubicadas en la propia obra y que acabó con denuncias en los tribunales de ambas partes y la detención de uno de los acampados que, horas más tarde, quedó en libertad.

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