“Esto no es un problema, es un problemón que en los últimos años se ha desmadrado”, advierten los ayuntamientos del sur de Tenerife consultados por DIARIO DE AVISOS para calificar la proliferación de un fenómeno ilegal cada vez más extendido por la comarca y que afecta especialmente a los municipios de mayor expansión urbanística: la parcelación ilegal de suelos rústicos para, posteriormente, convertirlos en urbanizables por la vía de los hechos.
Varios alcaldes han expresado a este periódico su “enorme preocupación” por el auge de “contenedores, roulottes y casas de madera” en suelos rústicos, especialmente en las medianías. En unos casos, a través de las subdivisiones de parcelas y en otros, directamente en terrenos sin trocear.
La presión por los precios desorbitados de los alquileres y el imparable crecimiento demográfico han contribuido a extender este fenómeno por la zona meridional de la Isla.
Algunos regidores advierten de que “se está engañando a muchos extranjeros”, a los que se les venden terrenos protegidos “diciéndoles que pueden construir”.
Recuerdan que cualquier edificación en un espacio rústico conlleva la apertura de un expediente disciplinario, sanción y, previsiblemente, demolición, “salvo en los casos que permite la ley en suelos rústicos agrarios, como los cuartos de aperos dimensionados a la extensión del terreno”.
Además, coinciden en que la “avalancha” de esta actividad ilegal, escenificada, en muchos casos, a partir del vallado del suelo rústico, supone una presión añadida sobre el territorio y pone en riesgo la esencia agrícola de las medianías del sur de la Isla. Por todo ello recomiendan a los posibles compradores informarse previamente en los ayuntamientos.
En lo que va de año, la Agencia de Protección del Medio Natural, encargada de controlar la disciplina urbanística y ambiental de las Islas, ha abierto un total de 1.434 expedientes de infracción, la mayor parte de ellos (871) por construcciones ilegales de viviendas.
Así lo indicó a este periódico Ángel Fariña, director de la agencia, que destacó un factor nuevo que está influyendo en la proliferación de estas edificaciones irregulares por las medianías.
Efecto La Palma
“Hay gente que ha visto las casas de madera y de tipo contenedor en La Palma y piensa que eso también lo puede hacer en cualquier terreno rústico de protección agraria y no es así, es ilegal y se sanciona con multas acordes a lo que se interpreta como una infracción muy grave”, advirtió Fariña, que recordó la “situación extraordinaria” de La Palma a causa de la erupción volcánica.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ya intervino el pasado mes de octubre, a petición del Ayuntamiento de Arona, en una parcelación ilegal de más de 150.000 metros cuadrados en suelo rústico de protección agraria en la zona de Lomo Negro, próxima a El Fraile. En este caso se procedió al precinto de las tres parcelas, propiedad de una misma empresa, y ahora se denunciará en Fiscalía, aseguró Ángel Fariña, que avisa: “Detrás de este caso pueden venir otros más”.
Desde la Agencia, que actúa en coordinación con los ayuntamientos, se recuerda que la responsabilidad recae tanto sobre el vendedor como en el ejecutor de las divisiones de parcelas y el responsable de las actuaciones ilegales que se cometan sobre el terreno. No solo recaerá sobre ellos la sanción por la comisión de una infracción administrativa, sino la obligación del restablecimiento de la realidad alterada, que incluye la demolición de vallados y la reagrupación de las parcelas, que, según los casos, podrá venir acompañada de la roturación de caminos, desmonte o desmantelamiento de servicios.
A principios de año, la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial ya anunció entre sus prioridades actuar contra estas prácticas irregulares. Desde el departamento que dirige José Antonio Valbuena se recuerda que las sanciones pueden alcanzar los 300.000 euros en supuestos muy graves, tal como se especifica en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El Gobierno de Canarias subraya que la vía correcta para la reclasificación de los suelos establecida por ley es a través del planeamiento y que cualquier actuación destinada a la conversión de suelos en urbanizables por la vía de los hechos supone un “agravio comparativo” y una “injusticia” con respecto a las personas que actúan siguiendo la legalidad.
También recuerda que, cuando se adquiere una parcela de suelo rústico porque resulta más económico y se procede a su parcelación ilegal, se originan graves problemas relacionados con la dotación de viales y de servicios prioritarios para los que no se han previsto espacios suficientes para su instalación, como pueden ser infraestructuras sanitarias, escolares o deportivas.
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