El Comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump ha puesto fin a 18 meses de trabajo y recomienda al Departamento de Justicia que presente cargos penales contra el expresidente. Se trata de la primera vez en la historia del pais que el Congreso toma esta decisión, que ha sido adoptada por unanimidad.
La comisión considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para engañar al Gobierno federal y para hacer una declaración falsa.
La petición se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump en paralelo por su implicación en esos incidentes, que se saldaron con la muerte de cinco personas. Cuatro más se suicidaron tras los hechos.
La de hoy no ha sido audiencia más, sino una reunion ejecutiva en la que se ha decidido aprobar el documento de investigacion y la recomendación de que el expresidente sea juzgado penalmente, algo histórico. El resumen ejecutivo de la investigación se presentará el próximo miércoles.
Si bien las recomendaciones del Comité no tienen peso legal ni obligan al Departamento de Justicia a tomar ninguna medida, lo que sí hacen es enviar una clara señal de que el Comité del Congreso está convencido de que el expresidente ha delinquido.
“Trump estuvo sentado en el despacho oval de La Casa Blanca viendo las protestas y el asalto al Capitolio y no hizo declaración alguna. No hizo nada para evitarlo. Ningún hombre debería comportarse de esa manera nunca”, ha declarado la congresista republicana Liz Cheney, vicepresidenta del comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio.
Por su parte, el expresidente se ha burlado en varias ocasiones del comité del Congreso, al que ha tildado de “órgano no seleccionado de matones y hackers políticos”.
Trump ha llamado “malvados, siniestros y antipatrióticos” a los miembros del comité de investigación en numerosas ocasiones y se ha quejado de que los procedimientos del “tribunal partidista” del comité “no han permitido el debido proceso, ni el contrainterrogatorio ni la presencia o entrevista de ningún miembro republicano real de los testigos”.
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