En el artículo 1 de la Constitución de 1978 se recoge la cláusula del Estado social y democrático de Derecho que debe entenderse, desde mi punto de vista, de acuerdo con los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Por eso, la tendencia de los poderes públicos, hoy más evidente en tiempos de pandemia, a apropiarse de la sociedad a través de la interpretación unilateral y tecnoestructural del interés general, debe superarse hacia planteamientos en los que la función de Gobiernos y Administraciones se dirijan a la búsqueda compartida del interés general teniendo presentes cuantas instituciones sociales se encuentran comprometidas por el bienestar integral de los ciudadanos.
Hoy, la deriva totalitaria que se cierne sobre las sociedades, aprovechando las cesiones de los ciudadanos de materia de libertades a cambio de una pretendida seguridad, sugiere tiempos en los que habrá que defender la libertad, como antaño, asumiendo los riesgos que sean necesarios.
El problema, no menor, es que quienes más deberían defender y proteger las libertades propias de un Estado social y democrático de Derecho, se dedican, con ocasión y sin ella, a restringirlas y, cuando pueden, a suspenderlas o hacerlas irreales o ilusorias. A veces se tacha la transparencia de extravagancia u ocurrencia y las libertades se entienden como expresiones de una burguesía corrupta y, en todo caso, como manifestaciones de elitismo político.
Mientras tanto, se vacía de contenido el Estado social y democrático de Derecho en el marco de un colosal proceso de control y manipulación social con vistas a instaurar sistemas que la experiencia histórica ha demostrado incompatibles con la dignidad humana.
Hoy, cuando acabamos de celebrar un nuevo aniversario de la Constitución de 1978 no está de más llamar la atención sobre los peligros del autoritarismo que sufrimos en tantos países fruto del control y la manipulación a que nos someten tantas formas de pensamiento único.
