justicia y tribunales

La futura Ciudad de la Justicia se da de bruces con el urbanismo de Santa Cruz de Tenerife

Transición Ecológica suspende el PGO para Cabo Llanos y el PP municipal pretende soterrar parte de la TF-4, demoler Usos Múltiples I y trasladar el espacio cultural El Tanque
Entre los múltiples cambios asociados, Tarife propone al Gobierno canario demoler "Usos Múltiples I y que permita construir una zona verde que dé salida visual al Toscal”. /FRAN PALLERO

La futura Ciudad de la Justicia tinerfeña se ha topado de bruces con los problemas existentes en el urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, una cocapital de comunidad autónoma cuyo planeamiento obedece hoy a normas generales promulgadas en 1992 (adaptadas básicamente en 2005) tras la derogación por parte de los tribunales del plan de ordenamiento aprobado en 2013 y el retraso en la elaboración del próximo.

El proyecto para poner fin de una vez a la carencia crónica de sedes donde albergar los juzgados capitalinos y los máximos órganos judiciales que le corresponden a esta provincia (Audiencia Provincial, parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, etc) no solo sigue sin, al menos, ver puesta su primera piedra, sino que podría verse ahora postergado aún más en el tiempo.

Fue en la mañana de ayer cuando, a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias informó de la suspensión temporal del actual Plan General de Ordenación (PGO) en el ámbito de Cabo Llanos como requisito previo para edificar dicha Ciudad de la Justicia, proyecto que a su vez impulsa la Consejería de Justicia del propio Ejecutivo regional. Tal decisión, detallan las fuentes gubernamentales, ha sido adoptada por la comisión autonómica ambiental y, como explica el propio consejero, José Antonio Valbuena, es imprescindible “para que este ambicioso proyecto salga adelante y permita dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente en Cabo Llanos”.

Así, el Documento Ambiental Estratégico publicado ayer en el BOC informa profusamente sobre este respecto. Cabe destacar que en el mismo se citan los efectos previsibles del ambicioso proyecto que nos ocupa sobre los planes territoriales y sectoriales, las medidas ambientales propuestas, el análisis de vulnerabilidad y otras propuestas previstas para realizar un seguimiento ambiental a esta iniciativa.

Entre otras medidas, se propone realizar un cálculo de la huella de carbono de las nuevas actuaciones y edificaciones previstas, teniendo en cuenta los datos y proyecciones conocidas para Canarias, e incluir la previsión de espacios de sombra en todo el ámbito (incluso en los itinerarios peatonales) para minimizar los efectos del calor en la zona prevista.

No parece que vayan a suponer un problema insalvable ni mucho menos los requisitos medioambientales ya citados, como reconoció ayer el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, al ser cuestionado sobre el tema que nos ocupa, pero otra cosa bien distinta son los problemas relacionados con, por ejemplo, la necesidad de un nuevo plan de movilidad municipal, “que no es posible sin un compromiso de obras [por parte del Gobierno de Canarias]”.

Sedes adecuadas
Tras dejar claro que el Ayuntamiento capitalino sigue comprometido en colaborar ante la necesidad perentoria de la Justicia tinerfeña por contar al fin con unas sedes adecuadas (el actual palacio de Justicia ni siquiera se inauguró oficialmente por la protesta de los sectores afectados al entender que ya entonces resultaba insuficiente), Tarife anticipó que el PP municipal llevará a Pleno una moción que, entiende, será aprobada por el grupo de Gobierno para solicitar “una mesa de trabajo” que desencalle ese y otros asuntos relacionados por el efecto dominó que implica para la ciudad este proyecto, habida cuenta
-argumentó- que se ha suspendido el planeamiento de todo Cabo Llanos.

“Con las nuevas infraestructuras nosotros necesitamos que se soterre el tráfico en la TF-4 a la altura del Auditorio, y que se haga una nueva salida y entrada de camiones a la Autoridad Portuaria que, perfectamente, podría desembocar a la altura de la parcela Isla del Mar a través de un túnel”, explicó Tarife, quien también recordó que el Obispado “tiene un proyecto para la rehabilitación de la Ermita por 450.000 euros y ahí pedimos que el Gobierno se moje, porque además el resto de esa parcela debe ser una zona verde como reclaman los vecinos”.

Pero lo más llamativo llegó al final, cuando el concejal, tras anunciar que el Ayuntamiento se compromete a sacar de la zona el actual Depósito municipal de vehículos, recordó que el Gobierno prevé igualmente edificar en la citada parcela Isla del Mar el futuro Edificio de Usos Múltiples III, “porque tiene la necesidad de sacar de ahí el actual Usos Múltiples I, y nosotros proponemos que lo demuela y nos deje construir una zona verde con parque, para así además darle una salida visual al Toscal para afrontar”.

Por si no fuera suficientemente relevante lo expuesto, el responsable del urbanismo santacrucero se refirió en último lugar “a lo que seguramente será lo más polémico, que sería el traslado del Espacio Cultural El Tanque al futuro proyecto previsto para donde ahora está la Refinería y utilizar su ubicación para ubicar el colegio de Cabo Llanos y el Centro de Salud Parque Marítimo, que actualmente está en Los Gladiolos, además de poder así prolongar la calle de Pedro Modesto Campos y conectarla con la de Adán Martín”.

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