Malos tiempos para los juzgados tinerfeños

De por sí bajo mínimos por unas carencias crónicas tales como la falta de sedes adecuadas en su mascarón de proa, Santa Cruz de Tenerife, o directamente colapsados en partidos como el de Granadilla, los juzgados de la provincia tinerfeña se ven todavía más lastrados por el notable impacto que sobre los mismos ya provoca un conflicto estatal igualmente eternizado como es el de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ), mientras que resultan temibles los que pudiera causar otro que se está larvando sin remedio: el del colectivo de funcionarios en protesta ante la inminente aplicación de la llamada Ley de Eficiencia.

Para colmo, el desastre generado en todo el sector por el inconstitucional bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha impedido que se haya cubierto (el próximo marzo se cumplirán dos años) la vacante dejada por la jubilación del magistrado Joaquín Astor Landete en la cúspide de su pirámide: la mismísima Presidencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Definitivamente, son malos tiempos para los juzgados tinerfeños.

Guiados por la actualidad, hay que destacar en primer lugar que la semana que viene se celebrarán dos nuevas jornadas de huelga por parte de los LAJ en todo el país tras el enésimo fracaso de la negociación estatal en un conflicto cuyos orígenes se remontan a 2009.

Fue entonces cuando, por la necesidad de aligerar la carga de trabajo que se acumulaba en los juzgados, a los antiguos secretarios judiciales se les empezó a adjudicar cada vez más funciones con la promesa de que serían debidamente compensados por ello, pero los años pasaron y tales promesas fueron siendo incumplidas una detrás de otra hasta que, hartos, comenzaron con los paros.

Ya en enero y marzo pasado, tanto los usuarios como los profesionales del sector de la administración de Justicia pudieron comprobar el devastador efecto que tiene este conflicto en la provincia tinerfeña y, tras un fracaso más en la mesa de negociaciones, la semana pasada volvió la huelga. Solo en dos días se suspendieron más de 400 juicios y/o conciliaciones por estos lares, para un total superior a 900 actos judiciales aplazados.

Todo apunta a que pasará lo mismo la próxima semana, dado que tanto el día 14 como el 15 (martes y miércoles) los LAJ están de nuevo convocados para un paro que consideran oportuno todas las asociaciones de los mismos. Lo peor es que, a partir del próximo mes, esta huelga tendrá carácter indefinido.

Por si fuera poco, un día después, para el 16 (jueves) está previsto que el colectivo de funcionarios celebre su segunda jornada de protesta a nivel estatal contra la negativa del Ministerio de Justicia a negociar previamente con el mismo las modificaciones que supondrán para sus condiciones de trabajo la inminente promulgación de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, pese a que está obligado a ello por el Estatuto Básico del Empleado Público.

De lo relevante de este conflicto da buena cuenta que es promovido por todos los sindicatos de carácter estatal a los que se han sumado los de las Islas, como son Intersindical Canaria y Cobas.

De momento, solo se limitan a concentraciones como la ya celebrada el jueves de la semana pasada, pero, también en esta ocasión, los pronósticos sobre un posible acuerdo son, simplemente, inexistentes.

En cuanto a las carencias crónicas, es sabido que hay medidas de choque para combatirlas como, sin ir más lejos, el proyecto para construir una futura Ciudad de la Justicia y así acabar con una situación dramática, no en balde el actual Palacio de Justicia ni siquiera fue inaugurado oficialmente porque el sector ya se quejaba entonces de que era insuficiente para las necesidades de un partido judicial que ha llegado al esperpento de tener que hacer equilibrios sobre la legalidad vigente para ubicar algunos de sus juzgados en La Laguna.

Sin embargo, el proyecto se ha topado ahora con el siempre caótico urbanismo capitalino y amenaza con eternizarse. Justo lo que agrava esas carencias.

Sin noticias sobre el ‘parche’ del edificio de los cristales

Aunque era sabido que el ‘parche’ que supondría el uso del llamado ‘edificio de los cristales’ para una reunificación de las sedes judiciales capitalinas dispersas por la ciudad nunca estaría disponible antes de finales de 2023, lo cierto es que la ausencia de noticias al respecto desde la Dirección General de Patrimonio inquieta y mucho a no pocos actores del sector judicial tinerfeño, habida cuenta que restan aún actuaciones tan imprescindibles como la propia adecuación del inmueble para tal destino.

Por supuesto, las principales víctimas siguen siendo tanto los usuarios como los propios profesionales y trabajadores.