El senador socialista por la Comunidad Autónoma, Santiago Pérez, ha lamentado que el Partido Popular (PP), “y sobre todo los grupos de influencia minoritarios y poderosos a los que representa políticamente en las grandes decisiones, que no concurren a las elecciones ni rinden cuentas ante nadie, estén llevando a nuestro orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia al borde del abismo”.
Pérez ha insistido en que “el Tribunal Constitucional juega un papel crucial es nuestro ordenamiento jurídico, y además es el órgano que resuelve los conflictos jurisdiccionales, los conflictos de poder, los conflictos constitucionales entre los poderes constituidos (el legislativo, el judicial y el ejecutivo)”.
El senador señala que ha de hacerlo en clave jurídica y el propio Tribunal Constitucional define su propia competencia: “tiene la competencia sobre las competencias, de manera que no existe mecanismo jurídico previsto para cuestionar una decisión que tome el Tribunal Constitucional, que como en el caso de lo que el PP le pide genera un conflicto constitucional de extraordinaria envergadura. No hay ningún mecanismo ni ningún órgano en nuestro ordenamiento jurídico que pueda controlar jurídicamente las decisiones del Tribunal Constitucional”, explica.
Y, luego, añade que si el conflicto entre órganos del Estado lo genera una decisión del Tribunal Constitucional “sobre un tema que concierne directamente a dos de sus integrantes, que por esa misma razón debieran haberse abstenido por propia iniciativa, sin necesidad de esperar a ser recusados, y el Tribunal Constitucional toma una decisión en estas condiciones, coloca al ordenamiento jurídico y a nuestro sistema de convivencia literalmente al borde del abismo”.
Santiago Pérez considera además un “gravísimo error” de Unidas podemos, equiparable a los que han cometido tanto el PP como los separatistas a los que el PP condena todos los días, amagar con llevar –con discutible base jurídica– este asunto a las instituciones supraestatales, que sólo podría ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es un órgano de la Unión Europea.
“Todo este asunto proyectado hacia el exterior pone de manifiesto una idea ante las instituciones ante los Estados y ante la opinión pública internacional que no nos conviene, y es la idea de que los españoles no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos en democracia, otra vez el sombrío `Spain is diferent´, y resolver en el ámbito de nuestro propio país los conflictos políticos o constitucionales”, señala.
Para Santiago Pérez, Unidas Podemos “tiene que hacer eso porque al igual que el PP sólo aceptan la Constitución en lo que les conviene: el PP la unidad de España y la Corona, como si fueran el único contenido del pacto constitucional y de la propia Constitución; y Unidas podemos no acepta la institución de la Corona. Pero resulta que la Constitución Española prevé que es a la Corona, a la Jefatura del Estado, a quien corresponde moderar y arbitrar en el funcionamiento regular de las instituciones”.
A juicio de Pérez, “lo que está consiguiendo el Partido Popular, que tanto dice proteger y defender a la Corona, con esta ofensiva es precisamente traer a la cancha del conflicto político y jurídico a la propia Jefatura del Estado, que si intervino en el caso del `procés´, que sí tenía mecanismos constitucionales para resolverlo (el art. 155 de la CE y la acción de los tribunales de justicia), sería inexplicable que no interviniera en un momento y en unas circunstancias en las que el orden constitucional ha sido colocado en la frontera de sí mismo porque se estaría interfiriendo en el ejercicio del poder legislativo que ejercen las Cortes Generales en representación de la soberanía popular”.
En definitiva, el art. 56 de la CE contiene una norma de última instancia, una norma que no precisa ni el procedimiento ni la naturaleza y consecuencias jurídicas de un pronunciamiento de la Corona en ejercicio de esa función arbitral, “pero ésa es la última válvula de seguridad de un orden constitucional al que el PP ha llevado y viene llevando al límite desde que tomaron la decisión de no aceptar la legitimidad de un Gobierno surgido primero de una moción de censura, con todos los requisitos previstos de la Constitución, y luego de las urnas… cuando la tomaron era previsible que pudiéramos vernos en situaciones similares a las que hoy padecemos”.
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